Con la ley de escalas especiales del IVA para los medios digitales de prensa, el Congreso Nacional reparó desde ayer la omisión arbitraria que tuvo en 2014 con la sanción de la misma ley, que por entonces benefició sólo a los medios gráficos. En pleno siglo XXI es impensable legislar en materia de medios sin aludir al mundo digital; es en Internet donde la democratización de la comunicación, la libre competencia y la libertad de expresión -no sólo de empresa- se juegan con reglas un tanto menos voraces que las que impone el libre mercado y con él los monopolios de prensa.
Una simple mirada al mundo de los medios -en constante debate con el tema central de la tan mentada "extinción del papel"- permite comprobar que el periodismo en la red ha alcanzado un desarrollo inusitado que, más allá de sus particularidades, ha posibilitado que el "fenómeno" se convierta en empresas y emprendimientos reales que dan empleo a profesionales de la prensa y la informática y que configuran un nuevo esquema en el pluralismo comunicacional: más canales de información, más fuentes de opinión pública y mayor acceso al conocimiento para los ciudadanos.
La inclusión de los diarios digitales en la ley hace justicia por partida doble. Hasta la sanción de la modificación de la ley de IVA en 2014, todos los diarios y revistas en papel tributaban el 10,5 del impuesto, incluyendo a sus propios sitios en Internet ya que los grandes medios los tienen como unidad de negocio junta o separada según la finalidad, mientras que hasta hoy los medios exclusivamente digitales -al no estar mencionados en ninguna norma- lo hacían como la mayoría de las actividades comerciales, con el 21 por ciento. El costo fiscal estimado cuando se bajó el IVA para los medios gráficos fue de 284,7 millones de pesos; con la nueva escala, la propuesta fue beneficiar a los que menos facturaban: se determinó que quienes facturasen menos de 63 millones anuales (son el 97 por ciento de todas las empresas del sector) pagarán un IVA de 2,5 tanto por sus ventas -y ahora suscripciones en el caso de medios digitales- como por la locación de espacios publicitarios, alícuota que sube a medida que lo hace la facturación.
Además de beneficiar a pymes periodísticas que necesitan de políticas públicas para mantenerse en el mercado, legislar para los nuevos medios también promueve la transparencia y el registro de la actividad ante el Estado.
Si la ley va detrás de la realidad, como ocurre casi siempre, en estos temas está siguiéndola a una distancia astronómica, casi sin verla. El acceso a Internet ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pero hay acceso democrático cuando hay condiciones equitativas para los usuarios y también para los medios. Por eso la sanción del Senado es un pequeño buen paso no sólo para estar a tono con los tiempos, sino además para caminar hacia el ideal de la comunicación democrática y el derecho ciudadano a la información.
*Autora de la ley
