“Este es un tema que ya salió de la legislatura” indica a Letra P, un senador bonaerense, que participó de la discusión del proyecto de ley de emergencia administrativa, enviado por el Ejecutivo y que se encuentra demorado en la Cámara Alta.
La iniciativa fue requerida por la gobernadora, María Eugenia Vidal, semanas atrás con la idea de una pronto resolución, teniendo en cuenta el acuerdo legislativo que Cambiemos sostiene con el Frente Renovador.
Pero el deseo de Vidal chocó con sus propias internas y la falta de un único interlocutor válido. Además de las exigencias de los massistas que siguen reclamando que se desdoble la comisión de Asuntos Constitucionales, para que ocupe ese lugar uno de los suyos.
La gobernadora decidió entonces llamar al jefe del FR, Sergio Massa para resolver el tema.
Fue el pasado fin de semana, y según cuentan en off desde ambos sectores, se abordó no solo la emergencia, sino la convivencia legislativa en adelante.
Se sabe que el Pro amplió sus lazos con el peronismo, y que algunos plantearon disolver la endeble alianza con el massismo y focalizar los acuerdos con los intendentes del PJ.
La discusión por una nueva emergencia (ya se aprobaron la de Seguridad, del Servicio Penitenciario y la de Infraestructura), genera en el massismo varios contrapuntos ya que el próximo año habrá una competencia electoral, y no quieren diluirse como aliados.
El proyecto de Emergencia Administrativa, que generó el rechazo de los gremios del Estado que no comulgan con Vidal, del FpV y el PJ, sufrió desde su ingreso varias modificaciones.
El trámite fue por demás complejo ya que implicó el “asesoramiento” del presidente de la Cámara Baja, el massista, Jorge Sarghini, que tuvo que reordenar el escrito original.
Pero nada de esto ayudo a destrabar la discusión, que se deterioró aún más cuando se comenzaron a desplazar a los interlocutores formales.
Jorge D´Onofrio (FR), Roberto Costa (Cambiemos), y hasta el vicegobernador, Daniel Salvador, aguardan ahora que la definición provenga de “la cúpula”.
Por eso la llamada entre la gobernadora y el diputado nacional, habilita la posibilidad de que el proyecto avance, aunque se evalúan nuevas modificaciones.
En la mayoría de los casos se trata de las condiciones de empleo de los estatales en especial, las atribuciones que se pueda tener sobre los contratos de locación de servicio.
El artículo 25 es el más polémico, ya que establece que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prorroga, ni creará una relación de dependencia” con el Estado provincial, y que “una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas a su cargo sin derecho a remuneración alguna”.
Esta semana, ambas cámaras convocaron a sesión, aunque desde el propio oficialismo no se esperanzan con tener el proyecto aprobado en lo inmediato.