El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y unos 200 empresarios para evitar reducciones de planteles de personal por 90 días no detuvo la marcha del proyecto de ley anti despidos, que este martes fue debatido en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y podría obtener dictamen mañana para ser llevada inmediatamente al recinto, donde las fuerzas de la oposición le darían sanción.
Del plenario participaron representantes de distintas cámaras empresarias y especialistas que rechazaron la iniciativa tal como fue aprobada en el Senado.
En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se presentará este miércoles, a las 11, para cerrar la etapa informativa del debate mientras que por la tarde, sin horario confirmado, se emitirá el dictamen para llevar el proyecto al recinto. De ser sancionada, la ley será vetada por el presidente Mauricio Macri, según había confirmado en la noche del lunes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
El oficialista frente Cambiemos optó por continuar con la agenda de tratamiento de la iniciativa que prohíbe los despidos por 180 días y establece el régimen de la doble indemnización como resarcimiento para los trabajadores que, a pesar de esa restricción, fuesen cesanteados.
En la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, que se desarrolló en el edificio anexo del Congreso, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, adhirió al argumento del Gobierno para rechazar el proyecto. "No creemos que haya una emergencia ocupacional", dijo, y advirtió que "no hay ninguna recomendación" de los organismos internacionales en el sentido de prohibir despidos para atender una crisis laboral.
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, reclamó que "se excluyan a las pymes de esta ley" y aseguró que "no hubo despidos" en el sector "pese a la caída del 30 por ciento en el consumo y un aumento de 500 por ciento en las tarifas".
Ariel Aguilar, de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMA) e integrante de CGERA, reclamó que se dé "impulso al consumo de productos nacionales" y que se establezcan "mecanismos de sostenimiento del empleo pyme", "mejoras en la condiciones de facilidades del plan de pago de la AFIP" y "un monitoreo del comercio exterior".