La herencia justifica el tarifazo. Ésa parece ser la lógica del gobierno de Mauricio Macri. La tarifa social para agua y cloacas se va a aplicar sólo a los usuarios de la estatal Aysa, que brinda el servicio en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (en distritos como Avellaneda, Quilmes, Tigre, San Isidro, Ezeiza y Lanús, entre otros), atendiendo precariamente las necesidades de unos 10,7 millones de usuarios, de los cuales unos 3 millones son clientes residenciales.
En tanto, para el resto del país, jubilados, pensionados, pobres e indigentes deberán costear subas que alcanzan el 600%, pese a que en muchos casos ya pagaban tarifas mucho más altas que las de AySA, pero en distritos alejados y pobres.
Como ejemplo, una cooperativa del interior de la provincia de Buenos Aires le cobra a un usuario de una familia tipo una cuenta mensual de $220, según revelaron a Letra P tanto empresas como usuarios. Con el tarifazo, ese valor podría dispararse hasta los $1.000 mensuales.
De todas formas, las facturas bimestrales del servicio de agua y cloacas que ofrece la empresa estatal AySA también sufrieron aumentos que va desde el 300% hasta el 500%. El reajuste también responde a la quita de subsidios del Estado nacional. Con un valor promedio de las facturas que oscilaba entre $90 y $130, el incremento ronda los $500.
Como se dijo, para estos usuarios sí existirá el beneficio de una tarifa social, por la cual pagarán hasta un máximo de $168 bimestrales.
Por todo esto, tras años de una muy discutible escala tarifaria aplicada por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner respecto al costo que el usuario pagaba por agua y cloacas –y también por luz y gas- que beneficiaba a parte de los sectores más pudientes, en especial el que vive en zonas acomodadas del distrito más rico del país (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ahora la suba es para todos y todas. Y nada gradual.
¿Eso es bueno? Pareciera injusto para el que venía pagando tarifas hasta siete veces más caras que en el distrito porteño y tiene que tolerar más subas.
En parte de la provincia de Buenos Aires, ahora bajo el gobierno macrista de María Eugenia Vidal, la empresa ABSA –que preside Raffaele Sardella- realizó una propuesta de suba del valor metro cúbico del orden del 140%, apuntando a llevarlo de $2,39 a $5,74. Pero, además, modificó el esquema tarifario reagrupando la valuación fiscal de las propiedades (que este año aumentó un 26%), en función de las que se calcula el servicio no medido del agua. Y, en este sentido, en las categorías más bajas de valuación, el impacto en la factura será de hasta 570%, ya que de manera inexplicable redujeron las categorías de 13 a 6.
Absa, dependiente del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Edgardo Cenzón, brinda un servicio muy cuestionado por su calidad en 91 localidades de la provincia a 3,7 millones de usuarios, según la web de la propia empresa. Las denuncias por la mala prestación del servicio y la acumulación de causas por brindar a los usuarios agua contaminada en la red, en especial con arsénico, se acumulan en la Justicia. En este caso, la empresa ya aplicaba una tarifa social que hoy no se sabe si seguirá rigiendo y cuál será su costo.
Para el resto de la provincia, que tiene el servicio por cooperativas, el aumento será mayor, partiendo de un piso de pago mucho más elevado.
