En abril, la política se mudó a los tribunales, o viceversa

9 de abril. A partir de la declaración testimonial del financista Leonardo Fariña, el fiscal Guillermo Marijuán Imputa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro Julio De Vido en la misma causa por supuesto lavado de dinero que tenía como principal protagonista al empresario Báez.

14 de abril. La Cámara Federal porteña anula el procesamiento del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa por supuestas dádivas a raíz de viajes a Necochea costeados por empresarios privados.

15 de abril. La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata reabre una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador bonaerense y ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria Daniel Scoli.

El país asiste a una suerte de thriller político judicial de altísimo voltaje.  A una secuencia interminable de trucos y retrucos. Como en las mejores peleas de Rocky Balboa, el combate es golpe por golpe. En menos de dos semanas, los más importantes referentes del kirchnerismo y el Gobierno fueron afectados por decisiones judiciales de fuerte impacto. A primera vista, da la sensación de que la política –específicamente, la batalla kirchnerismo vs PRO o PRO vs kirchnerismo- se mudó a los tribunales, aunque también es lícito presentar el asunto a la inversa, con la Justicia sumergida en el barro de la política. Si así fuera, habría que concluir que la reconstrucción de la República prometida por el partido gobernante –y su consecuente independencia judicial- va a demorar un tiempo más.

LA RENACIDA. La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Scioli estaba muerta desde el año pasado. La denuncia promovida por el abogado platense Rafael Velischek en abril de 2014 había sido desestimada por el juez de primera instancia Pablo Rafaele. El fiscal Jorge Paolini no había apelado esa decisión, que luego sería ratificada por la sala IV de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Pero ahora, otro abogado de la capital bonaerense, Marcelo Peña, que es el titular en la provincia del partido de Adolfo Rodríguez Saá, interpuso un recurso para que la causa fuera analizada por el Tribunal de Casación. Y la misma sala que había ratificado la decisión de primera instancia habilitó la llegada de las actuaciones a esa instancia superior.

“La Casación” –como se le llama de entre casa a ese organismo- es, desde 1998, el máximo órgano de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Desde su creación -por disposición del entonces  gobernador Eduardo Duhalde- es presidido por Federico Domínguez,  actualmente procesado por el juez federal Ariel Lijo como partícipe del encubrimiento del atentado a la AMIA.

El tribunal ha tenido publicidad siempre por sus escándalos, ya fuera por el atraso en sus resoluciones, que llegaron a demorar hasta nueve años, como por el propio tenor de sus sentencias. Se recuerdan, entre las últimas controversias, los fallos discriminatorios y misóginos que condujeron a las renuncias de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues.

Pero, más allá de esas señas particulares, hay dos datos políticos que no es ocioso apuntar:

• El ministro de Justicia puesto en funciones el pasado 10 de diciembre por la gobernadora María Eugenia Vidal, Carlos Alberto Mahiques, fue miembro de ese tribunal. Allí le quedan buenos amigos, aunque “en la Casación hay de todo”, aclaran quienes conocen el corazón del organismo.

• Como informó Letra P el pasado 3 de marzo, “La Casación” presiona a Vidal para conseguir un viejo anhelo: la derogación de la ley 14.295, por la que la Legislatura había dispuesto descentralizar las salas de ese tribunal abriendo sucursales en San Martín, Mar del Plata y Mercedes, lo que, en la práctica, significaría licuar el poder de los actuales miembros de este cuerpo. Se sabe: en la relación entre el poder político y los jueces, el toma y daca no es una rareza.