En los más influyentes despachos de Casa Rosada y del Ministerio de Hacienda y Finanzas tomaron papel y lápiz y empezaron a hacer cuentas. La orden llegó desde Olivos: arreglar las cuentas para que el presidente, Mauricio Macri, pueda anunciar próximamente el envío de fondos a las provincias para evitar que la relación con los gobernadores, que arrancó transitando por una ruta bien aceitada, siga sumando tensión. La obsesión del jefe de Estado para acercar posiciones con los caciques del interior tiene dos razones centrales: necesita sus votos en el Congreso para poder pagarles a los holdouts y los fondos buitre y para evitar más dilaciones en la designación de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convocó a los 24 gobernadores a una reunión este jueves. Ésa fue la respuesta que el Gobierno nacional dio a una propuesta que llegó la semana pasada, firmada sólo por la liga de gobernadores peronistas, en la que pedían un cara a cara con Macri. Esos gobernadores se reunieron días atrás en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí acordaron rechazar la propuesta del Gobierno de ir devolviendo el 15% de coparticipación que retiene la Anses en forma escalonada, hasta llegar a cero recién en 2021. Ese plan, además, significaba que los primeros pesos llegarían a las provincias recién en 2017.
De esa reunión en el CFI participaron todos los sectores del PJ: estuvieron los presidentes de bloque del Frente para la Victoria (FpV), el senador Miguel Pichetto y el diputado Héctor Recalde, al menos nueve gobernadores, entre ellos Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Rios) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), y hasta los líderes del bloque Justicialista: Oscar Romero y Diego Bossio. Un llamado de atención cuyo mensaje llegó sobrado y en formato de alarma a oídos macristas. Reagrupar a un PJ atomizado sería un error que el Gobierno no se puede permitir.
Los ministros de Economía de cada provincia trabajan por estas horas en una contraoferta, en medio de las propias inquinas e internas que cruzan al peronismo a todos los niveles. Para no demorarse en minucias, operan sobre dos grandes ejes: acortar al plazo de reintegro completo de la retención de masa coparticipable a tres años es uno de ellos. “El 1 de enero de 2019 la Anses tiene que dejar de frenar fondos”, explicó una fuente de la negociación a Letra P. El segundo es que la plata empiece a verse desde este mismo año. “Por el fallo de la Corte, Córdoba, San Luis y Santa Fe ya lo están cobrando. Si no empiezan a soltar recursos, van a generar dos tipos de provincias: las privilegiadas, con gobiernos amigos, y las olvidadas. Casualmente, casi todas peronistas y ex alineadas con el gobierno kirchnerista”, amplió el legislador que participó del cónclave en el CFI y que sigue de cerca el conflicto.
RESPUESTAS. Macri quiere que haya respuestas para los gobernadores. Así se los ordenó a Frigerio y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Algo de eso ya se empezó a ver. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y con las ofertas a buitres y holdouts incluye un artículo donde pide autorización del Parlamento para tomar deuda para ejecutar esos pagos. Pero ese artículo no especifica cuánta deuda se tomará.
La semana pasada, cuando el expediente llegó a la Cámara de Diputados, la información que circulaba con cada vez mayor velocidad era que Prat Gay saldría a endeudar al país en al menos 2.000 o 3.000 millones de dólares más de lo que requiera el acuerdo negociado en Nueva York. Lo que ocurre es que aún no saben cuántos serán los que, finalmente, terminarán adhiriendo a su propuesta. Se habla de un pago total y cash de casi 12.000 millones de dólares, por lo que se emitirán bonos por un total de 15.000 millones. El sobrante serviría, principalmente, para girar fondos en forma inmediata a las provincias, sea en obras, planes o, directamente, en un acuerdo inicial para empezar ahora mismo en la reducción paulatina de ese 15% que se retiene a las provincias.
Un diputado de la bancada del FpV pero con buena llegada al escindido bloque Justicialista explicó a este medio cuál es la cuenta que ellos sacan para pedirle al Ejecutivo que allane el envío de fondos. “En 2016 el 15% de coparticipación representará unos 170.000 millones de pesos; de ésos, a las provincias les corresponderían unos 70.000 millones; de ésos, entre Córdoba, San Luis y Santa Fe, que ya tienen fallo de la Corte, más la ampliación de coparticipación a la Ciudad y los adelantos que ya se hicieron a gobiernos amigos, como la provincia de Buenos Aires, Jujuy o Mendoza, se llevan unos 50.000 millones”. En síntesis: lo que dicen los gobernadores agrupados en el reclamo es que al Estado le costaría unos 20.000 millones de pesos cumplir con la devolución plena del 15% este año.
Consultado un gobernador por el efecto retroactivo de esa retención –en el fallo de la Corte se ordena devolver la retención hasta el año 2006-, lo minimizó. “El retroactivo lo negociamos”, dijo, y agregó: “Nos pueden dar bonos, revisar las deudas con las provincias, eso no va a ser un problema”.
VOTOS. El Frente Renovador de Sergio Massa, más allá de buscar caminos para no quedar tan pegado a la Rosada –se habla de cuestionamientos y dictámenes propios- terminará votando a favor cuando el pago a los buitres pase por la Cámara de Diputados. Sólo con eso y el apoyo de algunos bloques que representan a las provincias le sobrarían los votos para obtener la aprobación en ese cuerpo. Por si fuera poco, el bloque Justicialista le garantizará el quórum.
Pero lo que tiene más preocupado a Macri es el Senado. Ahí, la varita para dar luz verde o trabar cualquier proyecto la tiene el grupo de senadores del FpV que comanda Pichetto. Son los senadores que responden directamente a los gobernadores que reclaman que la Nación deje de retenerles coparticipación.
Por eso, el Gobierno quiere retomar el entendimiento con los jefes provinciales y no seguir aumentando la tensión. Porque, además, en la Cámara alta no sólo tienen que discutir este proyecto, el más importante hasta acá en la gestión Macri, sino que necesitan del acuerdo del Senado para que sus candidatos a la Corte puedan finalmente sentarse en las sillas en las que quiso sentarlos por decreto.
Hábil, Pichetto le marcó la cancha al macrismo. Rosatti estuvo el jueves en la comisión de Acuerdos, que preside el senador y hermano del gobernador de Salta, Rodolfo Urtubey. Allí se encontró con una recepción poco amistosa. Lo tuvieron sentado, respondiendo preguntas, por muchas horas y con temas álgidos. Entre ésos, sufrió cuestionamientos por haber aceptado el mecanismo de designación por decreto y en comisión.
En Cambiemos saben que, si así fue tratado Rosatti –hombre del peronismo, ministro de Justicia de Néstor Kirchner- la bienvenida del martes próximo a Rosenkrantz será aun más áspera. Y en el Ejecutivo nadie quiere anotarse un fracaso con un tema tan crucial como es el Poder Judicial. Mucho menos, cuando está próxima a ingresar al Congreso una serie de proyectos para reformar la Justicia. Por lo que, si quieren que los representantes de las provincias en el Senado no pongan trabas, creen que lo mejor es conciliar con los gobernadores. Y, hoy, existe una sola forma de gestar esa conciliación: enviando fondos a las provincias.
