El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, no discrimina. Su ola de despidos, que arrasa principalmente los planteles de los programas de corte social que desarrolla la cartera que conduce, se lleva a empleados de todas las edades, grados de calificación y trayectorias. Hasta ahí, no es más que lo que pasa en la mayoría de los organismos del Estado nacional desde el 10 diciembre, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri. Pero la discrecionalidad de la limpieza alcanza, en el caso particular de este ministerio, un nivel que escandaliza a dirigentes gremiales con muchos años en la lucha sindical. “Han recibido el telegrama compañeras embarazadas, otras que tienen a sus maridos afectados por enfermedades terminales, portadores de VIH y personas con más de 20 años de antigüedad”, enumera, en diálogo con Letra P, el secretario pro gremial de ATE Capital, Rubén López.
El dirigente destaca que el proceso de reducción de personal que empuja Garavano en Justicia es especialmente grave no sólo en términos cualitativos. “Es el ministerio más afectado”, asegura López, y, si bien aclara que no cuenta con la cifra precisa de trabajadores despedidos, porque “todos los días se suman más y más compañeros”, puede afirmar que “son más de 700” las cesantías ya ejecutadas.
Este jueves 30 de abril era una fecha clave: vencían unos 600 contratos que, pese a ser anuales, Garavano renovó en diciembre solo por tres meses. Frente al riesgo que corren esos agentes, ATE llevó adelante una vigilia en la sede del Ministerio, ubicada en Sarmiento 329, en el corazón de la city porteña. Un grupo de trabajadores acampó y pasó la noche en el hall del edificio y por la mañana realizó una batucada de protesta en simultáneo con la manifestación espontánea de empleados despedidos de la cartera de Hacienda, que se habían encontrado, a primera hora, con la novedad de cientos de cesantías.
Por estos días, juristas de carrera del ministerio que tiene a su cargo las políticas oficiales en materia de Justicia y Derechos Humanos destacan esta contradicción: los despidos por motivos políticos o ideológicos, que son mayoría en esta secuencia, violan la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos a los que la Argentina les ha dado rango constitucional, lo que, aseguran, pone a sus funcionarios a tiro de denuncias por discriminación.
Además, señalan que “el proceso de despidos masivos, que se lleva adelante sin importar la antigüedad del personal ni las tareas que realiza, no reconoce parámetro objetivo alguno que permita, al menos, explicar las cesantías”.
Los despidos en Justicia no escapan a la lógica general que rige el plan de reducción del Estado que lleva adelante la administración PRO, signado por conceptos verbalizados públicamente por altísimos funcionarios nacionales, como el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que señaló como “grasa militante” a los recursos humanos que considera sobrantes; o la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien justificó las 200 cesantías que dispuso en el Senado en el hecho de que se trataba de “militantes kirchneristas”.
Según han denunciado los delegados sindicales de los trabajadores, los empleados de Justicia sospechados de “militantes” de fuerzas opositoras sufren un hostigamiento permanente en el que el seguimiento y el análisis de las publicaciones que realizan en redes sociales es una práctica habitual. “Eso nos consta; comenzó inmediatamente después de la asunción de las nuevas autoridades”, afirma López.
Un abogado que trabaja en el ministerio advierte que estas prácticas “eran comunes en dictaduras” y que, “para que no se repitiera en democracia, cuando rige el Estado de Derecho, la Constitución Nacional establece la estabilidad del empleado público en el artículo 14bis, y, además, incorporó los diversos tratados internacionales que rigen la materia”.
Según pudo saber este portal, Garavano comenzó a despedir también empleados de maestranza, encargados de la limpieza de los distintos inmuebles que posee la cartera. Los representantes gremiales sospechan que, detrás de esta maniobra, se esconde la intención de “tercerizar” el servicio con empresas privadas, y advierten que ese sistema no sólo no genera ahorros al Estado, sino todo lo contrario.
En este sentido, el mismo temor expresó en las últimas horas el sindicato de estatales bonaerenses SOEME a partir de la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de reemplazar a auxiliares docentes que cumplen jornadas de retención de tareas por personal de empresas privadas.
Como se dijo, los despidos en el Ministerio de Justicia, si bien no reconocen límites, tienen mayor impacto en programas de carácter social que desarrolla la cartera, como Las Victimas Contra las Violencias, el Programa Nacional de Acceso a la Justicia y el Programa Interministerial de Salud Mental (PRISMA), destinado a los internos del Servicio Penitenciario Federal.
Como ya informó este portal, Garavano es un jurista reconocido por su solidez técnica y su conocimiento del sistema judicial. Antes de asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también es un referente importante de Fores, un think tank de abogados fundado en 1976 por el entonces ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart. La organización proveyó de argumentación jurídica a la represión ilegal y en 1985 elaboró un documento para desacreditar la investigación de la Conadep. Entre 1998 y 2000, Garavano fue su director académico.
