Cuando asumió como presidente, el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri puso al ala más política de su gobierno a trabajar en lo que aparecía, en la previa, como su principal debilidad: un Congreso adverso, dominado por el peronismo, con fuerte presencia kirchnerista en Diputados y todo el peso de los gobernadores del PJ en el Senado. Tres meses después, mandó su primer proyecto de ley al Palacio Legislativo y logró un apoyo abrumador para cerrar el acuerdo con los fondos buitre, una herramienta fundamental para gestionar el modelo que está montando y un enorme triunfo político.
La clausura del Congreso durante los meses de receso fue clave en el camino que le permitió a la Casa Rosada la prolija construcción de su mayoría. A pocos días de asumir, el Presidente echó mano a los decretos para tomar medidas de gobierno salteando al Poder Legislativo, lo que provocó la ira de parte de la oposición kirchnerista, que clamaba sin resultados en la calle por el llamado a sesiones extraordinarias. Así nombró jueces de la Corte en comisión, derogó virtualmente la Ley de Medios y reformó la estructura ministerial. Los estrategas del oficialismo explicaron que la decisión respondía a la necesidad de “mostrar señales de autoridad política”. Mientras tanto, el Ejecutivo esquivaba la necesidad de negociar con un Congreso todavía hostil.
En diciembre, el panorama mostraba al Frente para la Victoria como primera minoría de Diputados, con 97 legisladores, mientras que el PRO tenía un bloque de 42 representantes, a los que sumaban los 38 del radicalismo y cuatro de la Coalición Cívica. En el Senado el peronismo controlaba 42 de las 72 bancas.
Para el mes de febrero, la bancada del FPV-PJ en Diputados ya había perdido 17 integrantes, que formaron el Bloque Justicialista referenciado en Diego Bossio. Las fugas siguieron con la formación de monobloques y la división en la votación del proyecto de acuerdo con los buitres. El kirchnerismo quedó con un interbloque de 82 diputados, mientras que Cambiemos suma 89. La mañana del miércoles 16 de marzo, con el apoyo del bloque Justicialista, el massismo, parte del peronismo y del interbloque Progresistas, el oficialismo consiguió 165 votos a favor del endeudamiento, contra 87 negativos y cuatro ausencias.
En el Senado, aunque el bloque se mantuvo unificado en lo formal, se dividió brutalmente para la votación. El número fue igual de aplastante: 54 votos a favor, 16 en contra y dos ausentes. Más de la mayoría especial de dos tercios que requiere, por ejemplo, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema.
“El Gobierno ganó pero tiene que gobernar con un Parlamento que tiene una mayoría en contra”, remarcó el presidente del bloque del FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, en el discurso con el que fundamentó su voto. El oficialismo ya había mostrado destreza para sortear ese obstáculo.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fueron los principales articuladores de la jugada pedida por el Presidente, que terminó con el vuelco del Congreso a su favor. Primero, fue la garantía de acompañamiento y “gobernabilidad” por parte de Sergio Massa. Después, la alianza con los gobernadores del PJ, primero seducidos por los llamados al diálogo de la Rosada pero, principalmente, necesitados de fondos y obras para sus provincias con cuentas en rojo.
El salteño Juan Manuel Urtubey fue el primero de los anotados en la lista de gobernadores amigables con el Ejecutivo, mantuvo durante todo el verano contacto tanto con Frigerio como con Monzó y fue el primero en sacar a sus diputados del bloque del FPV-PJ en la Cámara baja.
Después, gobernadores como el tucumano Juan Manzur, el entrerriano Gustavo Bordet y el chaqueño Domingo Peppo, se convirtieron en nuevos aliados de la Rosada e influyeron - dentro de sus posibilidades- en los representantes de sus provincias en el Senado y Diputados para que votaran en favor de la iniciativa del oficialismo. El propio Manzur le prometió apoyo al Gobierno en una charla que mantuvo con Frigerio y Monzó tras un acto que compartieron en Chaco, hace dos semanas.
A excepción de Alicia Kirchner, todos los mandatarios provinciales del peronismo desfilaron por la Cámara alta para pedir a sus senadores que acompañaran el proyecto del Ejecutivo. Desde el sanjuanino Sergio Uñac, pasando por la catamarqueña Lucía Corpacci y el formoseño Gildo Insfrán, uno de los que se mostraba más crítico del Presidente pero que terminó dando vuelta el voto de sus senadores, José Mayans y Graciela de la Rosa.
“La idea es no tener que depender de Massa y acordar directamente con los gobernadores del PJ”, revelaba una fuente de la mesa chica de las negociaciones parlamentarias en el mes de febrero. El resultado fue acorde a lo planeado. Aunque llegaba con los números “demasiado ajustados”, antes de la sesión por los buitres, el oficialismo se había garantizado el apoyo del peronismo. El cambio de los votos de último momento -como el del cordobés Ramón Bernabey- fue acordado y seguido bien de cerca por Monzó y el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot. Así, Cambiemos empezaba a independizarse del massismo y alcanzaba un apoyo en el Congreso que pocos imaginaban el 10 de diciembre.
