A 40 años del golpe cívico militar que sufrió nuestro país, me parece importante desarrollar algunos conceptos y reflexiones con respecto a los avances que hemos logrado como pueblo en materia de derechos humanos durante los últimos años, como así también señalar la complicidad y participación de los grupos económicos en la implementación del Terrorismo de Estado que torturó, asesinó y desapareció a miles de compañeros militantes.
El proceso iniciado en el año 2003, con la asunción del ex presidente Néstor Kirchner, puso en el centro de la escena pública las demandas históricas de los organismos de Derechos Humanos. El pueblo argentino recordará eternamente ese patriótico 24 de marzo de 2004 cuando nuestro querido Néstor ordenó descolgar los cuadros de los dictadores, Rafael Videla y Reynaldo Binogne, del Colegio Militar.
Este acto de gran valentía fue el primer paso para luego avanzar en una serie de medidas políticas como fueron la anulación de “las leyes de impunidad”, la reconversión de los ex Centros Clandestinos de Detención (CDD) en sitios de memoria colectiva y el apoyo a la búsqueda de los niños apropiados durante esta época nefasta.
En el marco de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, el impulso que le dio el Estado a los juicios por delitos de lesa humanidad no solo permitió encarcelar a los genocidas y reparar el dolor de las víctimas y sus familiares, sino que también echó luz a un lugar incómodo que permanecía en silencio: las responsabilidades civiles y la participación empresarial.
Hoy podemos afirmar que el golpe de Estado fue producto de una alianza cívico militar. Las fuerzas armadas no actuaron solas ni por su cuenta, sino que lo hicieron a partir de un plan elaborado por múltiples sectores. La decisión de tomar el gobierno contó con la participación de grandes grupos económicos y conservadores para poder llevar a cabo un modelo económico excluyente para los sectores populares.
Su objetivo fue claro: disciplinar a la clase obrera. Por este motivo, la mayoría de los desaparecidos fueron trabajadores y los Cuerpos de Delegados más combativos de las principales empresas (Renault, Ford, Propulsora, SAIAR, Peugeot, Ingenio Ledesma, Loma Negra, etc.) fueron asesinados o encarcelados. Esta fue una condición necesaria para fortalecer el poder del capital y aumentar sus ganancias.
Esta complicidad y participación de los grupos económicos en el Terrorismo de Estado se dio en distintos niveles, desde la participación directa en la represión (aportes económicos y materiales, señalamiento de trabajadores e instigación a secuestros y detenciones) hasta el crecimiento de sus beneficios producto del vínculo con las cúpulas militares.
Asimismo, no debemos olvidar la participación de los Estados Unidos a través del Plan Cóndor en la coordinación y apoyo logístico y económico a las distintas dictaduras de América Latina, como así tampoco el entrenamiento militar en la Escuela de las Américas a los represores argentinos que torturaban a nuestros compañeros. Este tipo de injerencias imperialistas tienen ser asumidas por la potencia mundial a través de una fuerte autocrítica acerca de su rol necesario en la represión, y sus actuales autoridades deberían pedir perdón por los crímenes cometidos contra el pueblo argentino.
Hoy vemos algunos paralelismos entre el proyecto neoliberal de aquellos años y el actual gobierno nacional. Las medidas económicas que ha tomado Mauricio Macri en sus primeros 100 días de gestión son las mismas que implementó la dictadura de la mano del entonces Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La subordinación a los poderes financieros, la quita de retenciones a los grandes exportadores, el endeudamiento externo y la apertura de importaciones son parte de una única matriz económica liberal que perjudica a las mayorías y arroja a miles de compatriotas al desempleo y la pobreza.
Hoy nos encontramos nuevamente con un Estado que no fomenta el mercado interno, en tanto que el proceso de industrialización y la sustitución de importaciones dejaron de ser una prioridad. Las consecuencias de este modelo excluyente son conocidas y los principales perdedores son los trabajadores y los humildes, que ven como sus ingresos disminuyen ante un gobierno que solo favorece a los grandes capitales económicos.
Sin embargo, el pueblo argentino a lo largo de la historia ha demostrado no dejarse avasallar en sus derechos y conquistas aún en las condiciones más adversas. El ejemplo está en la militancia de las organizaciones políticas que resistieron a las peores atrocidades de los represores genocidas y no claudicaron en su lucha por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Hoy, esas mismas banderas e ideales de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos están más vigentes que nunca para no dar retroceder ni un paso atrás y continuar en el camino de más “Memoria, Verdad y Justicia”.
