Seis diputados del bloque del Frente para la Victoria decidieron ir en contra de la opinión mayoritaria del bloque y votaron a favor del proyecto oficialista que comenzó a sellar el acuerdo con los fondos buitre. Aunque en la semana previa el presidente de la bancada, Héctor Recalde, había afirmado que “ningún” legislador del espacio aprobaría la iniciativa, las presiones de los gobernadores del PJ prevalecieron sobre el discurso kirchnerista, en un presagio de lo que será la definición en el Senado.
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La suerte de la votación había quedado sellada mucho antes de las 8:35, cuando se aprobó el acuerdo. Fue poco después de comenzado el debate, cuando Recalde pidió que se votara el pase a un cuarto intermedio para realizar una consulta popular sobre el pago de la deuda. El resultado fue el anticipo de lo que sucedería 20 horas después: 84 votos a favor, 165 en contra y 3 abstenciones, provenientes de la izquierda. La votación final apenas movió el contador. Fueron 165 votos a favor del endeudamiento, 87 negativos y 4 ausencias.
En el medio, transcurrieron horas de negociaciones, especulación y presiones. Por la mañana, el FpV había sufrido su primera fuga, cuando el diputado cordobés Ramón Bernabey anunció su alejamiento del bloque, para votar a favor del proyecto oficialista. Bernabey había acordado sus movimientos con Cambiemos el día anterior, con intervención del ex gobernador de su provincia, José Manuel de la Sota.
Durante la tarde, los integrantes del bloque empezaron a ver con suspicacia los movimientos del ex gobernador misionero Maurice Closs, quien ya había planteado su desacuerdo con la postura del kirchnerismo en la reunión de bloque de la semana anterior. Hasta último momento, diputados del FpV intentaban lograr que Closs al menos se abstuviera en la votación, pero se mantuviera dentro del bloque. Finalmente, el misionero, su ex ministro de Gobierno, Jorge Franco, y Silvia Risko se sumaron a los votos de Cambiemos.
Lo mismo sucedió con la sanjuanina Graciela Caselles - integrante del Frente para la Victoria pero que no proviene del peronismo provincial sino del Partido Bloquista – y con Miriam Gallardo, de Tucumán. Pese a que insistieron, los gobernadores no pudieron convencer a los diputados de Entre Ríos ni a los demás representantes de Tucumán, integrantes del camporismo o del kirchnerismo duro. "A pesar del chantaje votaré en contra", decía en el recinto la catamarqueña Verónica Mercado, en protesta por la presión de los gobernadores.
En contra del acuerdo votaron todos los integrantes de La Cámpora y la mayoría de los diputados en cuyas provincias no gobierna el Frente para la Victoria, como Buenos Aires o la Ciudad - los “sin techo” del Congreso -, la izquierda y Libres del Sur. Para evitar confrontar con su bloque, que acompañó el proyecto, en el Frente Renovador se ausentaron Facundo Moyano, Felipe Solá y Héctor Daer. Tampoco estuvo Eduardo Fabiani, del bloque Social Cristiano.
En el Senado, donde tiene 42 bancas sobre 72, el bloque del Frente para la Victoria también votará dividido en el recinto. Unos 15 senadores ya dejaron trascender que rechazarán el proyecto. Se trata de los integrantes de La Cámpora y otros que tampoco reportan a gobernadores. Los demás ya recibieron llamados de los mandatarios provinciales, que necesitan que Argentina acuerde con los acreedores para que el Gobierno nacional también les habilite la posibilidad de salir a endeudarse.
“Sería muy llamativo que los legisladores voten en contra del acuerdo en el Congreso y después salgan los gobernadores a pedir deuda”, presionó una fuente de la mesa chica de Cambiemos que tuvo injerencia en las negociaciones parlamentarias. A diferencia de lo que ocurrió en Diputados, el peronismo de la Cámara alta ya confirmó que no pondrá obstáculos para dar quórum.
El jefe del bloque, Miguel Ángel Pichetto, les garantizó a los gobernadores que gran parte del bloque accederá acompañará el endeudamiento si así lo solicitan, pero puso como condición que lo digan a viva voz en el Senado. Para eso programó audiencias de las que participarán todos los mandatarios provinciales a partir del jueves 17. En ese contexto quedará atrapada Alicia Kirchner, ya que si bien Santa Cruz requiere de fondos con urgencia, los representantes de la provincia en la Cámara alta por el peronismo, Virginia García – cuñada de Máximo Kirchner - y María Ester Labado, ya se manifestaron en contra del proyecto.
Si bien el oficialismo confía en que el peronismo le dará los votos que necesita, en el PJ no descartan la introducción de cambios, algo que podría devolver el proyecto a Diputados y demoraría la pronta sanción que pide el Ejecutivo. “No hay nada cerrado, vamos a discutir. Que no se confíen”, advierten en el bloque.
Por lo pronto, Pichetto también le impuso otras condiciones de negociación al oficialismo. En el Senado entienden que, a diferencia de lo que sucede en Diputados, donde quien lleva las negociaciones es Emilio Monzó, que forma parte de la mesa chica del presidente Mauricio Macri, no sucede lo mismo con Gabriela Michetti y Federico Pinedo, interlocutores del PRO en la Cámara alta. “Tenemos que terminar coordinando con los diputados, que cierran con Monzó”, explica una fuente del bloque.
Esa situación hace que el peronismo deba sentarse a conversar con interlocutores que habitan en la Casa Rosada, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Sin embargo, tras el episodio ocurrido en Diputados, donde el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, reveló en el plenario de comisiones que había mantenido una reunión privada con Diego Bossio, Pichetto le hizo saber a la Rosada que no se prestaría a esa situación. “Si quieren hablar y se van a manejar así, que vengan acá”, dijo.
Además de la voz de los gobernadores, el peronismo también puso como condición ineludible para acompañar el proyecto que el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, presente un dictamen sobre los riesgos de la oferta. “Usted está obligado por la propia naturaleza de la Procuración del Tesoro a presentar un dictamen”, lo apuró Pichetto. Balbín evitó responder. Esa exigencia generó el primer cruce fuerte entre el PJ y el oficialismo durante la primera de las audiencias del Senado, en la que el ministro Prat Gay defendió el acuerdo.
