Pocas horas después del cierre del "retiro" de ministros, donde el presidente Mauricio Macri se refirió a la detención de Milagro Sala en Jujuy, el Gobierno difundió la respuesta que le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basado en la información provista por el Ministerio Público de la Acusación de esa provincia, gobernada por el radical Gerardo Morales. En las declaraciones que hizo, el mandatario ya había deslizado una señal al respecto, cuando dijo que "a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que habían una cantidad de delitos importantes cometidos por parte de Milagro Sala que ameritaban que esas causas que tiene estén abiertas, pero es importante que esa información sea compartida en todo el mundo". Horas después esos datos fueron "compartidos" por la agencia estatal Télam, que difundió parte de la respuesta gubernamental, donde informó que la líder de la organización Tupac Amaru "está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de ser responsable de extorsión y fraude a la administración pública por la extracción de 29 millones de pesos de una sucursal del Banco Nación, además de encubrimiento y lesiones graves". Parte de ese informe fue anticipado por el diario La Nación hace una semana, un día después de que fuera enviado a la OEA y a la ONU, un dato que pone en otro contexto el comunicado que difundió la CIDH este viernes, donde le reclamó al Gobierno que respete la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del organismo internacional con sede en Ginebra.
Según el gobierno jujeño, administrado por Cambiemos, el "modus operandi utilizado por Milagro Sala y un grupo de colaboradores cercanos (fue) para absorber fondos destinados a la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales, que luego fueron asignados a fines por el momento desconocidos". El gobierno de Morales la acusa de haber "instalado un sistema para apoderarse de modo ilegítimo y violento de fondos públicos para viviendas". Para defender la prisión preventiva, el informe sostiene que la influencia de Sala "acrecienta las posibilidades de que intente eludir el accionar de la justicia y con mayor razón pueda obstruir la presente investigación" y sostiene "la plena prueba de la existencia de los hechos y la semiplena prueba de la culpabilidad de la Sra. Sala en la participación de los mismos, conforme surge de las constancias de la causa", donde "se percibieron montos dinerarios y las obras no se efectuaron" porque "el dinero percibido era reunido y entregado a Sala".
La oficialización del documento que ya se había filtrado hace una semana, sucedió en el mismo día en que se conocieron dos fallos adversos para la dirigente social detenida, de la Sala Penal II, del fuero jujeño. El primero denegó un pedido de inconstitucionalidad por la violación de inmunidad parlamentaria y el segundo no reconoció una serie de cuestionamientos a la prisión preventiva que ratificó la Cámara de Apelaciones y Control a principios de septiembre. Los jueces habían justificado la prisión por "la efectiva existencia y configuración de riesgo procesal que habilita la procedencia de la medida de restricción de la libertad", ya que por "la gravedad de los delitos atribuidos a la inculpada, como así también los indicios concretos de peligrosidad procesal que surgen de las constancias del expediente". Es el mismo argumento que forma parte del informe del poder judicial jujeño que se oficilializó este sábado. Sin embargo, el tema de fondo en ese expediente, es que Sala fue acusada por el delito de sedición, instigación y tumulto al liderar una protesta, un dato que confirma la prisión política y arbitraria de la dirigente social que cumplirá un año tras las rejas dentro de muy poco.
