La posibilidad de acceder a la información pública, a la información sobre qué es lo que hacen el Estado y sus funcionarios, está transformando las democracias.
La posibilidad de acceder a la información pública, a la información sobre qué es lo que hacen el Estado y sus funcionarios, está transformando las democracias.
En Brasil, Dilma fue a juicio político por información acerca del presupuesto, y algunos de sus acusadores, fueron acusados en base a datos sobre la circulación de fondos de Petrobras. En México, el presidente tuvo que dar explicaciones por la adquisición de una casa a un contratista del Estado. En Guatemala, el ex presidente y la ex vicepresidente están detenidos y bajo investigación judicial por fraudes en la aduana. En Estados Unidos, la campaña ha tenido un capítulo especial en la cuestión del manejo de la información pública. En Chile, la presidenta convocó a una profunda reforma de transparencia administrativa y electoral luego de que miembros de su familia fueran acusados de aprovechar su posición pública para realizar negocios privados.
Vemos como la política quedó por detrás de la información pública, que se derrama como un líquido, que se filtra en las grietas y que no se puede detener. Las instituciones democráticas deben canalizar este fenómeno.
En nuestro país, la ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada con una mayoría abrumadora en el Congreso. Varias provincias se encuentran discutiendo legislación de transparencia. Y en la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando para seguir siendo una administración pionera en transparencia.
La Ciudad fue uno de los primeros distritos del país en contar con una ley de Acceso a la Información Pública. La ley 104, de 1998, permitió a los ciudadanos saber que tienen derecho a saber. De aquella época a hoy, ocurrió mucho: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendieron que la información pública es un derecho humano. La tecnología hizo posible acceder a datos digitales, analizarlos, cruzarlos, compartirlos y generar aplicaciones que permiten seguir la evolución de los datos públicos. La Ciudad también fue pionera en esto: desde 2012 publica información digital que se encuentra a disposición de todos.
El Gobierno de la Ciudad ha enviado un proyecto de ley a la Legislatura para actualizar la Ley 104. Uno de sus conceptos centrales es la transparencia activa: la obligación del Estado de publicar proactivamente cada vez más información. Otro, el del diálogo con el ciudadano: pedir información no es un desafío contra una gestión, es una actividad de colaboración que genera incentivos para una mejor administración. Estos avances implican, a su vez, la reafirmación de algunos de los valores centrales de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. El acceso a la información pública incentiva la austeridad de los recursos y la cercanía con los vecinos.
Ahora es momento de la discusión legislativa. El punto de los consensos y de la construcción de instituciones, que nos incluyen a todos, porque se trata de las reglas de nuestra vida en comunidad. El resultado de este proceso, sin duda alguna, volverá a poner a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al frente de las mejores prácticas republicanas.