La tormenta política que, como se esperaba, generó la decisión del presidente Mauricio Macri de beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires –también gobernada por el PRO- con un jugoso aumento de la coparticipación de recursos federales, obligó a la Casa Rosada a revisar esa medida y emitir un “decreto corrector”.
Así lo anunció este miércoles el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras reunirse con los 11 gobernadores que se abroquelaron para resistir la medida que benefició al macrista jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un aumento de 167% en el flujo de fondos coparticipables que recibe la Ciudad.
"Hemos acordado con los gobernadores que el traspaso de la Policía Federal a la CABA se haga como dicta la ley con los recursos correspondientes", señaló el funcionario, y adelantó que "habrá un decreto corrector del anterior respecto de los fondos coparticipables".
El incremento selectivo había sido defendido por el Gobierno como una necesidad del distrito porteño ante la transferencia de parte de la Policía Federal a la órbita local. Pero, en la práctica, por exceder largamente los requerimientos de financiamiento creados por el traspaso de la fuerza, constituyó un fuerte espaldarazo financiero para la jurisdicción más rica del país, que pasaba de ser destinataria del 1,40% del total de los recursos que recauda la Nación a recibir el 3,75% de esos fondos.
La reacción de los mandatarios provinciales (del peronismo pero también de otras fuerzas, incluso del radicalismo, socio del PRO en el frente Cambiemos) fue inmediata. Acusaron al Presidente de “unitario” y de discriminar a las provincias.
En ese contexto, los 11 administradores peronistas se reunieron el pasado sábado en San Juan y reclamaron la audiencia que finalmente se produjo este miércoles con Frigerio, en la que también reclamaron el giro urgente de fondos adeudados para obras públicas y planes sociales.
En el encuentro, Frigerio les prometió a los gobernadores que el Gobierno se pondrá “al día” "en cinco semanas" con esos compromisos pendientes.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Frigerio reconoció que la deuda con los estados provinciales es de "7.000 millones de pesos en infraestructura y 3.000 millones de planes sociales".