La Cámara Nacional Electoral (CNE) envió un requerimiento al fiscal Jorge Di Lello para que “se arbitren los medios necesarios para la prevención de hechos ilícitos” durante las elecciones generales de octubre. Entre los requerimientos se encuentran la instrumentación de un “operativo especial” para la “detección de faltas y delitos electorales”.
Entre las irregularidades que la CNE busca prevenir, se encuentran el “clientelismo, retención de documentación electoral, robo de boletas y migración transfronteriza”. Respecto de polémicas elecciones provinciales de Tucumán, el fiscal con competencia electoral ya había emitido un comunicado el martes pasado, en el que solicitó al Poder Ejecutivo “la apertura de todas las urnas y el recuento de todos los votos contenidos en ellas”.
Di Lello consideró que esa medida es “la única herramienta irrefutable para despejar toda duda entorno a las expresiones que insisten en la posibilidad de cometer fraude en las próxima elecciones”. Desde algunos sectores del arco opositor, principalmente el frente Cambiemos, consideran que lo sucedido en los comicios para la gobernación de Tucumán podría replicarse a una escala mayor el 25 de octubre.
Ante ese escenario, el gobierno nacional ya trabaja en una serie de medidas tendientes a transparentar el proceso eleccionario. Solicitar duplicado de las actas, establecer veedores en el Correo, solicitar que las actas se realicen por duplicado y en un papel especial emitido por la Casa de la Moneda, y hasta la colocación de dispositivos GPS en los camiones que transporten las urnas, son algunas de las medidas que se buscarían implementar.