Las Abuelas de Plaza de Mayo junto a las Madres (línea fundadora), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (FADERAP), envió una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, para “solicitar una aclaración oficial y pública respecto de las declaraciones del obispo emérito de San Isidro, Monseñor Jorge Casaretto” en el marco de un panel organizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).
“En Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial. Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición de con la verdad”, fueron algunas de las palabras de Casaretto citadas en la carta. “Hoy, ninguna fuerza política habla de reconciliación, es un tema tabú en las elecciones. Pero la reconciliación debe estar en la agenda del futuro próximo de la argentina; deberemos esperar que pasen las elecciones e insistir”, sostuvo también el hombre de la curia.
El diario La Nación, en su editorial del domingo 16 de agosto, calificó la convocatoria de la UCA como “un hecho de trascendencia histórica” y retomó algunos fragmentos de la conferencia para hablar de la necesidad de “reconciliación” luego de “una guerra interna iniciada por quienes querían implantar el socialismo brutal”. También, en uno de los pasajes más duros del artículo, sostuvo que “asesinos y cómplices necesarios de los grupos terroristas” actualmente “ocupan cargos de gobierno”.
La carta, firmada por Estela de Carlotto, Marta Vázquez, Horacio Verbitsky y Lita Boitano, manifiesta que a los organismos de Derechos Humanos “preocupan especialmente” las declaraciones del obispo emérito Casaretto, y sostiene que “oponen los valores de la justicia y la verdad” y que “contradicen los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.
Según pudo saber Letra P, el obispo emérito Jorge Casaretto organiza estas reuniones con el aval de la Iglesia católica argentina. La carta enviada por los organismos de Derechos Humanos a la Conferencia Episcopal Argentina concluye con el pedido de “una aclaración que permita dar tranquilidad al conjunto de la sociedad y contribuya a afianzar una posición de colaboración sustantiva con el proceso de memoria, verdad y justicia en curso”.
