El problema de los residuos en la provincia de Buenos Aires no es nuevo. Basureros clandestinos por cientos, ríos como el Riachuelo o el Reconquista con contaminación que superan todos los índices, un CEAMSE sobreutilizado y subgerenciado, entre otros.
Esto es evidencia de que la generación de residuos y su gerenciamiento carecen de un control eficiente.
Por otro lado, la constitución provincial, en su artículo 28, establece la prohibición de ingreso de residuos tóxicos de extraña jurisdicción. La disposición tiene lógica: si no se pueden controlar los residuos propios, no traigamos ajenos.
Se suele decir que donde hay una restricción hay un kiosco. Este tema no es ajeno: el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dictó en 2006 una resolución, la 1532/06, que pretende interpretar a la constitución, determinando que a veces un residuo es peligroso pero no es tóxico, otorgando “excepciones” al régimen general de prohibición.
Así, una cantidad imposible de medir (dado que el OPDS no brinda información) de residuo peligroso (de empresas privadas) de otras provincias, ingresa para ser tratado en operadores (otras empresas privadas) de residuos peligrosos.
Una ONG llamada Asociación de Inquietudes Ciudadanas con intereses y denuncias en rubros de diversa índole (se presentó en contra de algunos barrios privados, colocación de antenas, etc.), presentó diversos pedidos de informes sobre el tema y obtuvo en el juzgado contencioso administrativo N*1 una cautelar prohibiendo nuevas “excepciones”.
La OPDS apeló la cautelar, sin advertir que no puede explicar su interés. O quizás advirtiéndolo pero tomando un riesgo calculado.
En efecto, ¿qué interés tiene el OPDS, cuya cabeza es el ingeniero Hugo Bilbao (hombre del gobernador) –que en estos días cita al Papa Francisco y su encíclica sobre el medio ambiente–, en ingresar residuo peligroso de otras provincias cuando es más que evidente que ni siquiera puede resolver los problemas propios?
¿Por qué el OPDS dice que vela por el medio ambiente de otras provincias, autorizando a ingresar residuo peligroso –violando la constitución provincial– generado por privados para ser tratado por privados? ¿Estarán tarifadas las autorizaciones de ingreso?, que sabemos también requieren análisis de solamente tres laboratorios aprobados por el OPDS.
Parece que el cuidado del ambiente no es el único interés que persigue el Bilbao.