En el marco de la polémica generada por la resolución de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués tras la reducción de la pena de un violador que abusó de un niño de 6 años de edad, aduciendo que este es "gay".
Más de 300 estudiantes de aquella facultad en la ciudad de las diagonales realizaron una asamblea para pedir que echen a ambos magistrados. "Tras el aberrante fallo que beneficia al violador, los estudiantes exigen en asamblea que se los destituya de sus cargos en la Facultad", expresaron.
Al respecto, Nicolas Martinez Naya, miembro del Ceprodh y de la Juventud del PTS declaró que “realizamos esta asamblea en contra de la propia conducción del Centro de Estudiantes conducido por la Franja Morada; es una jornada histórica en esta Facultad por la cantidad de estudiantes que estamos participando y que queremos organizarnos contra estos jueces que están desde la dictadura y siguen al frente de las aulas, mientras dictan fallos indignantes, machistas y homofóbicos”.
Por su parte, la Universidad Nacional de Mar del Plata ya le rescindió el contrato a Piombo.
Paralelamente a la realización de la toma del decanato en La Plata, a pocos metros, en la sesión de Diputados se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución para elevar a juicio político a los jueces.
El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo aseguró que “lo que puede conseguir el juicio político contra Piombo y Sal Llargués es el enorme repudio popular que generó este aberrante fallo machista y homofóbico. Tenemos que continuar con la misma presión por parte de organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y políticas para que este juicio político se concrete inmediatamente, continuando lo que hicieron más de cuatrocientos estudiantes reunidos hoy en asamblea en la Facultad de Derecho de la UNLP, que resolvieron tomar el decanato hasta la destitución de Piombo”.
“Hay muchos Piombo en el sistema judicial, son cientos los funcionarios que ejercieron funciones durante la dictadura militar y que con sus fallos dan cuenta del oscurantismo de la casta judicial que culpabiliza a las víctimas por ser homosexuales, mujeres o pobres”, afirmó y agregó que “estos jueces han sido sostenidos impunemente por todos los gobiernos de turno y son los mismos que denunciamos junto al movimiento de mujeres y las organizaciones de Derechos Humanos en 2011, cuando bajaron la pena a un femicida".