La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la ley contra la discriminación impulsada por la legisladora kirchnerista María Rachid y los diputados porteños del PRO Daniel Lipovetzky, Gabriela Seijo y Enzo Pagani.
La normativa garantiza y promueve la plena vigencia del principio de igualdad y previene la discriminación en todas sus formas a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.
Además, sanciona y repara los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Esta ley sobre actos discriminatorios para la Ciudad tiene el fin de promover la garantía constitucional de la igualdad desde la perspectiva de la diversidad y de trabajar de una manera más efectiva contra la discriminación. Creemos que la sanción de este proyecto otorga a la Ciudad una ley de avanzada en la materia que la pone a la vanguardia a nivel mundial”, evaluó la diputada Rachid, candidata a legisladora por el frente Unidos por la Ciudad.
“El proyecto tiene como fin dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional de la igualdad, y resulta mucho más amplio que la Ley nacional N° 23.592 en cuanto a que contempla categorías que la misma había omitido”, manifestó Lipovetzky.
Para el ex secretario de Inclusión y Derechos Humanos de la Ciudad, la iniciativa acelera “procedimientos para hacer cesar y reparar rápidamente los actos discriminatorios”.
La ley amplía los pretextos discriminatorios, incluyendo a una gran cantidad de grupos que están fuera de la ley nacional sancionada en el año 1988.
Entre ellos, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los adultos mayores y pretextos como situación familiar o condición socioeconómica, entre muchos otros. Además, establece mecanismos procesales para invertir la carga de la prueba en algunos casos y agilizar el reclamo por daños para quienes son víctimas de hechos discriminatorios.
Por último, la iniciativa sancionada genera herramientas para la intervención del Estado y las organizaciones sociales y establece mecanismos concretos para que la sociedad conozca sus derechos y cómo defenderlos.
