La denuncia de Elisa Carrió y Fernando Sánchez, de la coalición Cívica, pretendía que el titular de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se abstenga de ejercer su cargo en razón de su futura participación como precandidato a presidente de la Nación.
La presentación tiene que ver con el hecho de que el Ministerio tiene a su cargo el área correspondiente a todo el proceso electoral, incluido el financiamiento estatal de las campañas políticas.
Pero la Cámara Electoral consideró el 21 de marzo pasado que su participación “resulta prematura”, debido a que “la denuncia presentada se funda en un hecho conjetural, como es la eventualidad de que el señor ministro efectivamente participe como candidato en las próximas elecciones primarias”.
Ahora, el juez federal Jorge Di Lello desestimó la denuncia de Carrió por presunto “conflicto de intereses” y aseguró que es “natural” que sea así, pero destacó los controles de la Justicia sobre los gastos de campaña.
“La Justicia Electoral ya empieza a estar a full. Carrió dice que hay un interés contrapuesto entre ser candidato y manejar los fondos. Siempre ha sido ha así. La Cámara lo rechazó y más allá de que uno se oponga, formalmente Randazzo no es candidato o no se sabe si es candidato. Después se controlará si está dentro de los monto de publicidad política que tienen que rendir en el cierre del ejercicio de cada partido”, sostuvo.
El integrante del Ministerio Público Fiscal, en diálogo con Nacional Rock, destacó que “cada Presidente que fue candidato por segunda vez, naturalmente estaría en un conflicto de intereses” y señaló que “si el Ministerio del Interior dispone de la acción electoral, todos los presidentes que han sido reelectos han tenido esa decisión porque es el jefe de todos los ministros”.
“Quien dirige está en condiciones de ser responsable de lo que hace. Supongamos cuando Cristina fue candidata, si fuera tan así, estaría en ese supuesto”, agregó Di Lello.
La Cámara Electoral había manifestado sus reparos “acerca de las atribuciones que la legislación reconoce al Ministerio del Interior y Transporte en materia electoral, en particular con relación a la distribución de los recursos públicos, para los partidos políticos y las campañas electorales”.