El caso de la mujer que fue apuñalada en la esquina de La Pampa y Arcos (Belgrano) volvió a poner en la agenda pública la problemática de los cuidacoches. Como hacen usualmente, los legisladores porteños del PRO insistieron con la iniciativa de ley que busca vedar esa actividad y la de los limpiavidrios en la Capital Federal.
Para no quedarse atrás, los dirigentes opositores salieron a cuestionar el proyecto oficialista y marcar su desacuerdo en cuanto a las penas de 1 a 5 días de arresto y multas de 200 a 2000 pesos que establece el expediente presentado e impulsado por el vicepresidente 1º de la Legislatura ,Cristian Ritondo.
Quien primero retomó el tema fue el diputado porteño del PRO Juan Pablo Arenaza, quien sostuvo que “no se puede amparar el flagelo de la mafia de los trapitos” y cargó sin dudar contra los precandidatos a jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y Gabriela Cerruti.
“Ibarra y Cerruti, deberían explicarles a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires el por qué de negarse a tratar la ley que prohíbe a los trapitos de modo sistemático. La Ciudad no puede ser presa de mafias y presiones”, recalcó enojado el legislador que responde a Patricia Bullrich.
Por otra parte, advirtió que “vamos a seguir trabajando para que la ley se apruebe y los vecinos puedan vivir con más tranquilidad”.
La respuesta no tardó en llegar y vino del parte del kirchnerismo. La titular de la Comisión de Seguridad, la kirchnerista Claudia Neira, adjudicó la preocupación del macrismo por los trapitos a un tema puro de campaña electoral.
“El PRO pretende seguir utilizado el debate de los trapitos como fuego de artificio de campaña”, manifestó la legisladora que ingresó al Parlamento con Proyecto Sur y luego se mudó al ultrakirchnerismo.
Neira contradijo los dichos de Arenaza e indicó que “desde el FpV no rehuimos ningún debate, vamos a discutir a las comisiones, con proyectos y propuestas”. “No somos como el PRO y el resto de la oposición que a nivel nacional se escapa de las discusiones en el Congreso”, se diferenció.
“No creemos que con una prohibición van a desaparecer los trapitos en la Ciudad”, explicó la diputada y agregó que “en los lugares donde se prohibió, al poco tiempo todo continuó de la misma manera, con el agravante del crecimiento de las mafias”.
El diputado porteño de Seamos Libres Pablo Ferreyra también cuestionó la posición del PRO y analizó que “el problema principal del proyecto es que pretende resolver conflictos que puedan surgir a partir de una actividad laboral que permanece en la irregularidad con la mera incrementación de penas y la imposición de nuevas sanciones”.
“Esto responde a una lógica de persecución de la pobreza y del trabajo informal en lugar de aplicar soluciones laborales reales y crear un marco legal para la regulación de la actividad, cosa que sí buscan otros proyectos presentados en la Legislatura por otros diputados”, destacó Ferreyra.
Para el legislador, “es imprescindible dejar de lado las medidas demagógicas y trabajar en políticas serias en materia laboral”.
“Como representantes de los porteños, no podemos avalar una legislación que criminaliza situaciones de trabajo precarias que deben ser resueltas por otros medios”, concluyó Ferreyra.