Tras cuatro años de tramitación y con un amplio respaldo, la ley crea el “Acuerdo de Unión Civil” (AUC), que hace posible a las parejas que conviven sin estar casadas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones, o ser carga en el sistema de salud, entre otros derechos.
En caso de que la madre o padre biológico esté inhabilitado, el cuidado de menores se otorgará teniendo en cuenta el interés mayor del niño o niña, dando prioridad a los convivientes o cónyuges, una medida reivindicada por las organizaciones de defensa de los derechos LGBT. El derecho a adopción no está incluido en la ley.
“Estamos felices de que el Estado reconozca, por primera vez, que una pareja del mismo sexo también constituye una familia y merece protección”, dijo el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín.
Chile permitirá también las uniones de hecho entre heterosexuales, que hasta ahora solo podían optar al matrimonio, en un país de tradición conservadora y con gran influencia de la Iglesia Católica.
El proyecto fue una promesa de campaña del presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), y se ingresó al Congreso en agosto de 2011, bajo el nombre de “Acuerdo de Vida en Pareja”.
Chile se suma a países como Brasil, Colombia y Ecuador que permiten las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y a Argentina y Uruguay, que aceptan el matrimonio homosexual.
Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde está permitido, serán inscritos en Chile bajo el estado de unión civil (AUC).
Una vez promulgada por la presidenta, la ley pasará por el Tribunal Constitucional, tras lo cual se abrirá un proceso de unos seis meses para redactar la normativa concreta a aplicar.
Pese a que la AUC equipara muchos derechos con el matrimonio, los movimientos buscan modernizar la ley de matrimonio para equiparar los roles de la pareja, y no hacerla restrictiva a ningún grupo social, como los homosexuales.
Chile fue uno de los últimos países occidentales en reconocer el divorcio en su legislación en 2004 y no permite el aborto en ninguna circunstancia. En 1999 se abolió una normativa que castigaba a homosexuales (“la sodomía”) con penas de cárcel.