Por aceptar la decisión del Poder Ejecutivo de sumar gerentes al organigrama de las Comunas, los presidentes de 12 Juntas Comunales fueron denunciados penalmente por Sergio Oscar Valenzuela, quien se presentó como un vecino anónimo que participa del Consejo Consultivo de la Comuna 1 pero resultó ser un militante del PJ porteño relacionado con el Frente para la Victoria.
Valenzuela acusó a los comuneros macristas de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. En diálogo con Letra P, el denunciante resaltó que “mi objetivo es frenar el decreto 251 porque es violatorio a la Constitución”. Por otra parte, señaló que “no se puede crear cuatro cargos de gerentes por decreto ya que esto debería ser por medio del ámbito legislativo”.
“Lo que quiero es que se investigue por qué se firmó este decreto en las Comunas”, indicó el militante del Partido Justicialista. Para Valenzuela, el decreto “es un hecho ilícito y un delito grave, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque la medida es violatoria de la Constitución, y carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta”.
Chicanas
En declaraciones a Letra P, el presidente de la Junta Comunal N°7, Guillermo Peña, reveló que “muchos comuneros, incluso de la oposición, están de acuerdo con esta nueva estructura propuesta por el Ejecutivo” y destacó que la resolución “se aprobó por unanimidad” en su comuna. “No creo que la Justicia tomé este expediente y avance porque este caso tiene una clara connotación política”, evaluó Peña, uno de los doce comuneros denunciado.
A su vez, el titular de la Comuna 7 afirmó que “no se puede chicanear con este tema porque se le está mintiendo a la gente”. “Estamos de acuerdo con esta estructura porque creemos que es necesaria y vital para el funcionamiento de las comunas”, sostuvo Peña en relación a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de crear dos cargos de gerentes y dos de subgerentes en cada Junta Comunal de las 15 que conforman la Ciudad de Buenos Aires.
Para Peña, “es una pena que este tema se haya judicializado porque confiamos en el sistema y estamos de acuerdo con que los funcionarios que pueden contribuir al crecimiento de las comunas sean de planta permanente”.
“Nunca apareció el acta que dio aval al decreto”, se quejó el comunero del Frente para la Victoria Maximiliano Nenna. El referente de la Comuna N°4 manifestó que el aval al decreto es “desconocer la ley orgánica de comunas y la Constitución que dice que las Juntas Comunales tienen autonomía en cada comuna”.
“Se está dando tareas burocráticas a gerentes para que hagan lo mismo que pueden hacer los comuneros hoy”, explicó el hijo del ex legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. Para Nenna, el avance del macrismo en las Juntas Comunales “no es nuevo” y “se suma a la decisión de nunca asignarle presupuesto propio a las comunas y la de crear las UAC”.
El comunero del FpV hace alusión a las Unidades de Atención Ciudadana. En septiembre de 2011, cuando entraron en acción los primeros comuneros, el Gobierno de la Ciudad, por medio del decreto 376/2011, autorizó la formación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), en lo que se vio como un intento de quitarle poder a las nuevas Juntas Comunales. Una conducta repetida por el PRO.
El decreto
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, autorizó un decreto que habilita la creación de cuatro nuevos cargos dentro de las órbitas de las Comunas para acrecentar la presencia del Ejecutivo en las Juntas Comunales, algo que fue visto como un nuevo ataque a la capacidad de trabajo y acción de los propios comuneros.
El 27 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el Decreto 251/2014, que dispuso la creación de las figuras de Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Gerente Operativo de Gestión Comunal, Subgerente Operativo de Participación Vecinal y Atención Vecinal Subgerente Operativo de Control Comunal y de Obras.
Para las organizaciones que defienden y pelean por la autonomía de las Juntas Comunales del Ejecutivo, esta movida fue calificada como “un golpe institucional a las Comunas”. “Macri, apoyándose, en la ley de ministerios del Gobierno de la Ciudad, encontró una interpretación a la Ley N° 1777 para poder manejar las comunas a su antojo”, cuestionaron desde la organización Ciudadanos por Comunas.
En esa oportunidad, legisladora del FpV y titular de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muiños, manifestó que “la creación de estas nuevas figuras en la órbita comunal, con las atribuciones que se les ponen en cabeza, resulta en flagrante contradicción con el espíritu de los artículos 127 a 131 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires – referidos a Comunas -, como así también de las disposiciones contenidas en la Ley 1777 (Ley de Comunas)”.
Muiños, quien fue la diputada que recogió el guante y encabezó la lucha contra el macrismo para neutralizar su intervención en las comunas, evaluó que “por si fuera poco, del decreto en cuestión se desprende que previo a su sanción se le dio intervención al Consejo de Coordinación Intercomunal, con lo que deviene fundamental para este Poder del Estado tomar conocimiento del contenido de las reuniones en las que se discutiera, como así también las posiciones que se tomaron en torno a este acto del Poder Ejecutivo”.
Lo mismo reclaman hoy Maximiliano Nenna, quien firmó un amparo para frenar el avance del decreto, y Sergio Oscar Valenzuela, el militante del PJ que denunció a 12 jefes comunales de Macri que autorizaron el polémico decreto.
El amparo y la denuncia
La primera reacción de los comuneros de la oposición, en su mayoría del kirchnerismo, fue dirigirse a la Justicia para iniciar un amparo que ponga freno al decreto que autorizaba la creación de los puestos de gerente y subgerente.
Luego del amparo y el silencio por parte del oficialismo, un vecino anónimo inició una demanda penal en la que acusó a doce presidentes comunales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Ese vecino, presentado como anónimo, es Sergio Oscar Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo Comunal N°1 y militante del Partido Justicialista porteño.
La denuncia, radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo de Raúl Juan Emilio García, alcanza a los presidentes de las comunas María Cristina Brunet, Facundo Carillo, Christian Etchezuri, Héctor Jorge Apreda, Marcelo Bouzas, Marcelo Iambrich, Guillermo Peña, Agustín Ferrari, Carlos Alberto Guzzini, Gustavo Acevedo, Maximiliano Corach, e Ignacio Carlos Crevena.