Cinco meses antes de marzo de 1976, María Isabel Martínez de Perón, una presidenta agonizante, le encargó a Norberto Imbelloni, por entonces subdirector general de Saneamiento, la aplicación de ley 24680, más conocida como ley de abastecimiento. La norma había sido sancionada en 1974, pocos meses antes de la muerte de Juan Domingo Perón y habilitaba a funcionarios a allanar comercios, intervenir mercadería y venderla, cuando su abastecimiento fuera insuficiente.
Bajo estrictas directivas presidenciales, mientras se cocinaba el golpe militar, Imbelloni, un sindicalista que consideraba a José Ignacio Rucci como un hermano, tuvo a su cargo los operativos de incautación de mercadería que ordenaba el gobierno de Isabelita. La mecánica de funcionamiento distaba de ser amigable: con camionetas del Gobierno, el funcionario llegaba al comercio mayorista, verificaba el precio de venta de productos tales como pollo, carne, huevos o azúcar y, si estaba a un valor superior al precio de referencia oficial, incautaba la mercadería para después venderla al público.
La aplicación de la ley estaba, en un primer momento, en manos de Albano Harguindeguy – jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Isabelita y después ministro del Interior de la dictadura, condenado por crímenes de lesa humanidad – pero, ante la “falta de voluntad” del jefe policial para ejecutarla, pasó a la órbita de Imbelloni, un peronista fiel. “Si el azúcar oficial estaba a 6 pesos, el comercio la vendía a 10, o directamente no la vendía. Entonces nosotros secuestrábamos el producto, por ejemplo 10 mil kilos de azúcar, lo sacábamos en camionetas, y le pagábamos al comercio con cheques al precio oficial. Después vendíamos el azúcar al público en la feria, al valor acordado”, recuerda Imbelloni sobre su tarea, a los 79 años, desde una mesa del edificio del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad (Sutecba), donde se sigue sintiendo cerca del mundo gremial.
La ley de abastecimiento volvió al escenario político con el paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, y encontró principalmente resistencia en los sectores empresarios, que no tardaron en alertar sobre las dramáticas consecuencias que tendría, según ellos, la aplicación de la nueva norma. La discusión sobre si la ley de 1974 está vigente aún o no también es motivo de controversias entre el Gobierno y las cámaras de comercio. “El Gobierno podría ejecutar la vieja ley, con eso alcanza y sobra, creo yo. Aunque nosotros sólo teníamos facultad para hacer el comiso de mercadería y ponerla a la venta para el público. No podíamos clausurar. Y ahora los empresarios están preocupados porque los amenazan con multas millonarias. Se oponen con fundamento, por las facultades que va a tener el secretario de Comercio”, opina Imbelloni, quien además cuenta que un conocido dirigente kirchnerista, histórico del peronismo, se comunicó con él hace pocos días, para profundizar en temas relacionados con la ley. “¿Si era muy violento aquel método? Violento era que lo que tenían que vender a 6, lo quisieran vender a 18”, opina.
“En ese tiempo tuvimos bastante éxito, pero enseguida vino el golpe. Los empresarios no querían vender al precio oficial, se guardaban la mercadería. Ya estaban trabajando para el proceso (sic). Estaban especulando con la caída de Isabel y con eso ayudaban”, recuerda el dirigente, que aunque no simpatiza “en nada” con el kirchnerismo, advierte que “los empresarios siempre quieren quedarse con la parte del león. No fueron trigo limpio antes y tampoco ahora, siempre buscan sacar ventaja a costilla de los humildes”.
Estuvo en la confitería La Real, de Avellaneda, en el bando vandorista, cuando un enfrentamiento entre gremialistas, en marzo de 1966, terminó con la muerte de Rosendo García, que Rodolfo Walsh relata en su obra “¿Quién mató a Rosendo?”. Fue amigo de Herminio Iglesias y de la vieja guardia peronista, que incluye a Julio Bárbaro, el chaqueño Deolindo Bittel (que inició en el peronismo a Jorge Capitanich), fue diputado nacional entre 1983 y 1985 y estuvo prófugo en Paraguay entre el ´85 y el ´90, acusado en Argentina del homicidio de del custodio Raúl Cuervo, del sindicato plástico. “Cuando volví estuve preso en Devoto, hasta el ´94. Y después salí porque la Corte me dio la razón, dijo que yo no había tenido nada que ver”, dice. Imbelloni fue, además, el primer denunciante en la causa Papel Prensa, y dio el puntapié inicial a la investigación del fiscal Rodolfo Molina. “Después los kirchneristas se adueñaron del tema”, se queja.
Desde su salida de Devoto, el contacto de Imbelloni con el mundo político quedó reducido a unos pocos dirigentes a los que considera amigos, como Julio Bárbaro y José Manuel de la Sota. Pero la relación más fluida sigue siendo con el mundo sindical, en especial con la CGT de Hugo Moyano, a quien apoya en sus medidas contra el Gobierno. “No se puede creer que sigamos con estos impuestos al trabajo, siguen descontando con la tablita de Machinea. Que le pongan impuestos a la patria financiera”, reclama.
Hace poco tiempo, Imbelloni tuvo un sueño. Se encontraba con Lorenzo Miguel y el metalúrgico le preguntaba si era cierto que la Presidenta había retado en público y por cadena nacional al secretario general de la UOM, Antonio Caló. “Yo le decía que sí, que no se entera de que le echan delegados y que el Partido Obrero le está copando las fábricas. Es una vergüenza”, protesta.
Para el ex funcionario de Isabelita, el kirchnerismo “hizo cosas buenas” aunque “se quedó después que se fue el Flaco”, en referencia a la muerte de Néstor Kirchner. “Lo peor es el relato. Mienten y se creen las mentiras. (Oscar) Parrilli fue el defensor de la privatización de YPF, junto con la provincia de Santa Cruz y ahora festejan la estatización, ¿cómo es?”, critica. Para Imbelloni, el sucesor de Cristina, en 2015, estará entre Daniel Scioli y Sergio Massa: “Si se anima a enfrentar al modelo, me parece que gana Scioli. Sino, será Massa ¿Y los radicales qué hacen? Están ahí en una bolsa de gatos con UNEN. No sé qué piensan”. Porque tiempos de peronistas y radicales, eran los de antes.