Lo hicieron ambos fiscales, Córdoba en su carácter de titular de la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), y luego que la Sala I de la Cámara del Crimen sobreseyera a unos 40 efectivos de ambas fuerzas quienes conjuntamente tuvieron a cargo el operativo de desalojar a los ocupas del predio.
“El fallo impugnado imposibilita al acusador público de llevar a juicio un caso de gran trascendencia institucional, que versa ni más ni menos sobre la criminal actuación de los integrantes de los cuerpos de fuerzas de seguridad en el control del orden público a cuya consecuencia resultaron dos personas muertas y otras cinco gravemente heridas, y en el cual se ha probado, además, el empleo de munición adulterada en el marco de una manifestación”, acusaron los fiscales.
“La resolución en crisis impide dar adecuada respuesta mediante la actuación del Ministerio Público Fiscal a quienes se han visto gravemente perjudicados por las prácticas ilícitas investigadas, constitutivas de violencia institucional, y por ende, lesivas para la integridad, dignidad y la vida de las personas”, aseguraron en el recurso.
Para la fiscalía el desempeño de los policías “configuran prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad y extensión afectan la vigencia del Estado democrático de derecho”.
La apelación será revisada por la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal que tendrá que resolver si confirma los sobreseimientos o bien los revoca y dispone que se siga investigando a los policías.
A lo largo del recurso, los fiscales criticaron “la deficiente respuesta judicial frente a hechos constitutivos de violencia institucional en la Argentina”.
En mayo de este año, la jueza de Instrucción Mónica Berdión de Crudo procesó a 24 efectivos de la Policía Metropolitana y a 8 de la Federal por la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano. Pero en julio pasado, la Cámara del Crimen revocó los procesamientos y dispuso el sobreseimiento de los policías.
Los fiscales criticaron la medida que dictó ese tribunal, pues incurrió en “una errónea aplicación del Código Penal de la Nación”. “Constituye un supuesto de gravedad institucional, y merece ser examinada por un Tribunal Superior en amparo a la garantía del doble conforme”, señaló la fiscalía.
En diciembre de 2010, más de tres mil familias tomaron el Parque Indoamericano y terrenos linderos, en Villa Soldati. Fue en reclamo de viviendas dignas, un derecho por el que no obtenían respuesta ni solución por parte del Estado.
A partir de una denuncia del gobierno porteño, el 7 de diciembre comenzó un operativo para desalojarlos. Participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Policía Metropolitana, quienes dispararon con gases, balas de goma y de plomo. La resistencia al desalojo y la represión dejaron tres muertos.