El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se adelantó a la entrada del proyecto y desató la guerra por la nueva ley de hidrocarburos puertas adentro del Congreso. A través de una legisladora de su confianza, ordenó distribuir en todos los despachos de la Cámara de Diputados un escrito donde cuestiona, punto por punto, la propuesta que impulsa el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Y todos los cuestionamientos van en línea con las críticas a la iniciativa que encabezan los cuatro gobernadores “rebeldes”: que la ley vulnera facultades exclusivas de las provincias.
El texto entró ayer en las cuentas de correo electrónico de todos los diputados de la Nación. Salió del despacho de Alicia Comellí, legisladora por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y hasta aquí una aliada crucial del bloque oficialista en la Cámara baja, pero que responde fielmente a Sapag. “En el borrador que acercó el Poder Ejecutivo Nacional a los gobernadores de la OFEPHI, encontramos varios artículos que son objetados seriamente por la provincia del Neuquén, ya que avanza sobre las autonomías y jurisdicciones de las Provincias productoras, sobre los límites que establecen la Ley Corta y el dominio de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994”, dice en parte del encabezado. Luego desarrolla un profundo desmenuzamiento del borrador, en 19 puntos.
La jugada de Sapag profundiza aún más la guerra que junto a otros tres gobernadores –Martín Buzzi (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Francisco “Paco” Pérez (Mendoza)- vienen sosteniendo con el Gobierno nacional. Guerra que este jueves tocó un pico de máximo tensión, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta aquí se había mantenido al margen de la discusión por la ley petrolera, aclaró: “queremos que todas las áreas se adjudiquen por licitación pública nacional e internacional, y que no quede en manos del gobernador de turno la asignación de las áreas”. Un mensaje directo a los cuatro “rebeldes”, que hasta aquí no habían sacado los pies del plato kirchnerista.
La movida de Sapag es sólo una más tras una serie de jugadas con la mira puesta en Olivos. Entre ellas, la recepción que le dio su gobierno a Sergio Massa en Vaca Muerta, la misma que hubiese recibido un jefe de Estado, la denuncia del ministro de Emergía de Neuquén, Guillermo Coco, contra Galuccio –a quien amenazó con denunciar por deslealtad comercial y denunció por operar con las petroleras para recomendarles que no acepten pliegos de licitación en yacimientos de Neuquén bajo el sistema de “carry”- o el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de declaración para rechazar el borrador que diseñaron Galuccio y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Pero es la más pesada de todas, ya que inserta la discusión en el Congreso nacional, institución que el Ejecutivo había dejado, hasta aquí, fuera del debate petrolero.
De hecho fuentes del bloque oficialista en el Senado, admitieron a LetraP hace escasos días que por allí no circulaba ni siquiera el borrador de Galuccio –aunque todos lo tenían porque lo habían distribuido los gobernadores de las provincias en conflicto- y que no había siquiera una fecha estimada de sanción o de entrada del expediente. Lo curioso es que también este jueves, el propio director de YPF se mostró optimista con tener sancionada la ley “antes de fin de año”. Algo que, tal el cuadro actual, asoma utópico.
Las críticas
El texto que repartió Comelli se divide en 19 puntos críticos sobre el borrador que circula entre los gobernadores petroleros y las empresas del sector. Entre los principales aspectos cuestiona la imposición de plazos de exploración y explotación; el otorgamiento automático de concesiones no convencionales a quienes operan un sector con permisos convencionales; aclara que “el procedimiento administrativo mediante el cual cada Estado decide la contratación pública” –es decir, el proceso licitatorio- pertenece al “derecho público local” –es decir, es potestad de las provincias-; tilda de “cláusula típicamente centralista” el criterio de seleccionar la propuesta “que sea la más conveniente a los intereses de la Nación” a la hora de adjudicar un yacimiento; rechaza “los topes para el ejercicio de las potestades tributarias de las provincias, en materia de ingresos brutos e impuesto de sellos” algo que pertenece a “las competencias propias de las provincias” y los municipios.
Pero el escrito también desnuda la discusión que más traba la sanción del proyecto, que es la pelea por las distintas vías de captación de la renta petrolera. El punto 12 señala, por ejemplo, que el cobro de un canon de ingreso es un proceso “universalmente aceptado en la contratación a nivel mundial en este tipo de negocios”, además de ser una potestad de las provincias cobrarlo o no.
El 13 habla de las “regalías”, las cuáles el Gobierno quiere no solo poner topes (12% ampliables a 15% en casos de extensión de concesiones) sino fijar como “único mecanismo de percepción de renta petrolera sobre la producción de hidrocarburos”. Esto, según el escrito del MPN, “es avasallar las autonomías provinciales al no permitirles administrar su patrimonio conforme a sus propios planes de gobierno”. Y pone como ejemplo, la imposibilidad que deja la propuesta de Galuccio de incorporar “empresas provinciales en carácter asociativo, en los cuales se pueda distribuir entre las partes una renta petrolera mayor al monto de las regalías”. Esto es la defensa manifiesta del sistema de acarreo o “carry”, que el titular de YPF quiere eliminar del mercado petrolero.
