La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el oficialista Mario Oporto (FpV-Buenos Aires), resolvió esta semana crear un grupo de trabajo específico integrado por los asesores de los 31 legisladores de esa comisión, que tendrá como objetivo “analizar y unificar” los 13 proyectos en juego que tienen estado parlamentario y buscan enmarcar a los teléfonos celulares como un “servicio público” más.
Si bien por ahora no se fijaron plazos, el solo hecho de que la conducción oficialista de la Comisión haya habilitado la discusión del tema constituye una señal de esperanza para los sufridos usuarios de la telefonía móvil que desde hace varios años se ven expuestos a una doble complicación: la mala calidad del servicio que prestan las telefónicas y la falta de control y sanciones por parte del ente regulador del sector.
Una de las iniciativas en danza que más adhesiones tendría es la que presentó a principios de año el diputado radical Hugo Maldonado, con el apoyo de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) que preside Fernando Blanco Muiño. Promueve dos medidas significativas: definir a la telefonía e internet móvil como “servicio público” y declarar al sector en “situación de emergencia” por el plazo de un año, durante el cual se limitaría la comercialización de nuevos equipos y se aplicaría una reducción tarifaria hasta que se mejore la prestación la calidad del servicio.
Tanto en los registros de las entidades de usuarios, como en los relevamientos de las áreas municipales y provinciales de defensa del consumidor, las empresas de telefonía celular encabezan el ranking de las quejas y reclamos por las deficientes prestaciones del servicio.
Llamadas desde otros celulares que no se pueden concretar o se cortan abruptamente; mensajes que no se envían o tardan en llegar; conexiones lentas e intermitentes a la red 3G y ausencia total de señal en determinados lugares y horarios, son los problemas más comunes y recurrentes que deben soportar los usuarios de la telefonía celular.
Para los analistas del sector, se llegó a esta situación por dos factores clave: la falta de inversiones y el avance desmedido que el Gobierno le permitió desplegar a las telefónicas con las ventas masivas de líneas hasta llegar a los casi 60 millones de teléfonos que hay actualmente en el mercado.
Uno de los datos más llamativos es que las empresas comercializan aparatos con tecnología 4G, aunque en el país aún no están instaladas las redes y la infraestructura para poder brindar un servicio de esas características.
Pese al evidente déficit de antenas y la falta de cobertura en varias zonas del país, las empresas venden equipos e incorporan números a una red que se encuentra marcadamente desbordada.
Para tratar de solucionar el problema y ponerse a tono con los avances tecnológicos, el Gobierno lanzó a principios de julio la demorada licitación para adjudicar nuevas frecuencias de bandas de servicios 3G y 4G. Hasta ahora, Argentina era el único país sudamericano que no había puesto en marcha la telefonía 4G, la tecnología que permite conexiones móviles de voz y datos de muy alta velocidad.
Según los cálculos oficiales y privados, con la subasta de las bandas del espacio radioeléctrico, el Gobierno podría embolsar una recaudación de casi US$ 2.000 millones.
Más allá de la “revolución” de los servicios que prometen los funcionarios con esta licitación, desde las entidades defensoras de los consumidores desconfían de las soluciones rápidas.
Para el titular de la UCA, el Gobierno es el principal responsable de la crítica situación actual “porque demoró casi 11 años en implementar la portabilidad numérica y permitió que las empresas delinearan un mercado concentrado, cuasi monopólico y sin competencia real con un servicio de bajísima calidad que siguen padeciendo los usuarios”.
