La jueza Mónica Berdion de Crudo dispuso el procesamiento de los efectivos, que están acusados de homicidio, lesiones y abuso de armas, aunque no ordenó la prisión preventiva.
Se investiga la responsabilidad de miembros de aquellas fuerzas por la violencia ejercida contra personas que estaban en el interior del predio, de la que resultara la muerte de un hombre y una mujer, cuyos fallecimientos fueron producidos por disparos de armas de fuego, y las lesiones sufridas por otras cinco personas, también por proyectiles de armas de fuego.
La medida judicial abarca a los jefes del operativo del desalojo y a los efectivos que llevaron adelante la recuperación del predio.