Por Nicolás Fiorentino/@NicoFioren. La tensión entre el gobierno de Chubut y Pan American Energy (PAE), la petrolera con mayores operaciones en esa provincia, llegó a su pico máximo esta semana. Mientras desde el gobierno que encabeza Martín Buzzi intentan despegarse de la denuncia por coimas que tramita en los Estados Unidos, la compañía que operan en la Argentina los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni contraatacó con una demanda judicial por U$S 50 millones a la provincia.
Esto es interpretado en tierras patagónicas como un mensaje político para iniciar negociaciones, oficiales o extraoficiales, entre el Ejecutivo y la empresa para aquietar las aguas y acordar una renegociación por la concesión en Cerro Dragón, la mayor reserva de petróleo convencional en el país.
Mientras en Chubut crecían las versiones de que el gobernador buscaba incrementar la presión sobre PAE, abrazado al presunto pago de coimas de la petrolera al gobierno de Mario Das Neves en la renegociación de 2007, con el fin de quitarle la concesión de Cerro Dragón, la compañía buscó una estrategia para reposicionarse en la tensa y millonaria disputa que mantiene con el gobierno de Buzzi. Lo que hizo fue presentar una demanda internacional en París contra el Estado chubutense por nada menos que U$S 50 millones.
La cifra, según la presentación, es lo que PAE reclama como resarcimiento por las presuntas pérdidas que tuvo en junio de 2012, cuando una facción de la UOCRA conocida como los “Dragones”, no alineada con el líder del gremio, Gerardo Martínez, tomó Cerro Dragón y paralizó la producción del yacimiento. PAE entiende, según figura en el escrito, que era responsabilidad del gobierno provincial garantizar que las medidas de fuerza no perjudiquen las operaciones de la empresa.
La respuesta política no tardó en llegar. Apenas conocida la demanda que tramita en la capital francesa, Buzzi redobló la apuesta y denunció que PAE le debe a la provincia 230 millones de pesos por impuestos. Incluso amenazó con embargar cuentas de la petrolera para cobrarse lo adeudado al fisco chubutense.
A su vez, cuestionó que la empresa donde son socios los Bulgheroni, la china NCOOC y la British Petróleum (quien denunció en Estados Unidos las presuntas coimas pagadas en la renegociación de 2007) se niegue a avanzar en la adecuación de su concesión a la nueva ley hidrocarburífera de Chubut, sancionada en 2012.
Jugadas políticas
Queda claro que ni Buzzi ni PAE se esfuerzan demasiado por esconder sus cartas. Por lo pronto, ni la petrolera puede explicar por qué inició una demanda judicial por los cortes de los “Dragones” recién dos años después de los hechos, ni el gobernador aclara por qué no se conoció la deuda de PAE con el fisco provincial hasta que la firma inició la demanda en París.
La única explicación es que ambas embestidas responden a la tensión generada entre el Ejecutivo y la compañía a partir de que explotó el caso por el presunto pago de sobornos y que eso disparara la posibilidad de que Chubut le quitara la multimillonaria concesión en Cerro Dragón.
Tan evidente es la jugada política que hay tanto detrás de la demanda en París como en el reclamo de deuda fiscales que, apenas horas después de lanzadas los ataques, empezaron a correr versiones de un encuentro personal entre Buzzi y los Bulgheroni para buscar un acuerdo de paz que eche paños fríos al conflicto.
El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, tuvo que salir a desmentir que este encuentro estuviese agendado. Aunque si admitió que habrá “reuniones técnicas” entre el Gobierno provincial y PAE con el objetivo de “formular acercamientos para llegar a un acuerdo definitivo”.
Según el matutino local El Patagónico, el funcionario reconoció que “en función de los resultados de estas reuniones técnicas se podría producir una reunión entre la máxima autoridad de Pan American Energy y el gobernador Buzzi”.
Por detrás del conflicto entre el gobierno de Buzzi y PAE crece la disputa política entre el gobernador y su antecesor, Mario Das Neves. Buzzi sabe que el ahora diputado tiene intenciones de volver a la gobernación el año próximo y que las encuestas lo favorecen. Por eso intentó pegarlo al caso de coimas. Pero la jugada se la transformó en un boomerang.
Por un lado, porque cuando se firmó el contrato investigado por coimas Buzzi no era ajeno al caso: era ministro de la Producción del gobierno de Das Neves. Por lo cual, el avance de esa causa ya no sólo podría manchar a Das Neves, sino a él mismo.
Por otro, porque Das Neves también se encargó de mandarle mensajes a Buzzi. Y no muy solapados. La justicia provincial, de profundos vínculos con el ex gobernador, rechazó en las últimas horas un escrito de la defensa de Buzzi y ordenó avanzar en una investigación por el préstamo de U$S 10 millones que obtuvo una empresa pesquera, a partir de un decreto firmado por el mandatario, para poder afrontar el pago de sueldos. A Buzzi se lo investiga por los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
