Política

Fuertes críticas a las políticas de seguridad de la Provincia, a una semana de la emergencia

A una semana del anuncio del gobernador Daniel Scioli en donde decretó la emergencia en seguridad por 1 año en toda la provincia de Buenos Aires, ahora la Comisión Provincial por la Memoria salió al cruce y criticó duramente la medida. Hablan de las fallidas políticas en la materia en donde la “mano dura es más vulneración de derechos”, “porque así lo demuestra la realidad y la historia”. A lo largo de la semana hubo reuniones de la Mesa de Justicia y el Consejo de Seguridad, y legisladores y funcionarios volvieron a discutir el tema.

“A lo largo de los últimos quince años hemos visto acrecentarse la cantidad de agentes policiales y de patrulleros, la creación de nuevas policías y patrullas municipales, la presencia de la Gendarmería nacional en el territorio, la extensión del control poblacional a través de las detenciones por  averiguación de identidad y otras prácticas al margen del control judicial, y el establecimiento de cámaras de seguridad, entre otras medidas denominadas de prevención pero dirigidas al control social de los sectores más vulnerables”, criticaron desde la CPM.

 

Así, uno de los organismos que más trabaja en el ámbito de los Derechos Humanos y en todas las cuestiones sociales -fundamentalmente reflejando la dura realidad que por ejemplo los privados de la libertad viven día a día en las cárceles-, puso la lupa en este decreto que el Gobernador anunció en conferencia de prensa respaldado por todo su Gabinete y la cúpula policial, en el marco de una sucesión incontrolable de robos violentos y asesinatos que mantienen preocupada a la población.

 

“El conjunto de medidas reiteran una vez más las fallidas políticas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos – porque así lo demuestra la realidad y la historia – que ninguna de ellas conducirá a ‘salvaguardar la vida y los bienes de las personas’ como pregonan los fundamentos del decreto”, expresaron en la Comisión.

 

“Como contrapartida no se pusieron en marcha políticas serias destinadas a perseguir el delito complejo de gran impacto social: narcotráfico, trata de personas, violencia institucional, robo automotor, piratería del asfalto, corrupción, entre otros delitos graves que muchas veces implican a funcionarios públicos por acción u omisión. En relación a estos mercados ilegales, que retroalimentan el delito en los territorios, tampoco se han diseñado estrategias ni políticas de estado que propicien un abordaje que tienda a limitarlos o reducir su impacto por fuera de la herramienta estrictamente represiva”, agregaron, coincidiendo en parte con el discurso de un sector de la oposición bonaerense, que reclama desde hace tiempo que el gobierno provincial combata verdaderamente el narcotráfico.

 

“El despliegue de uniformados, asentados en la lógica de ocupación territorial, construye un escenario bélico de control de los conglomerados poblacionales pobres donde se localizan a los ‘peligrosos’, como potenciales enemigos de los sectores que concentran mayores niveles de bienestar económico. A unos se los controla, a otros se los protege, expresando en las políticas de seguridad la legitimación de la exclusión social y la estigmatización de los pobres”, analizaron.

 

Y también recriminaron a Scioli por una serie de medidas que mencionó el sábado pasado y que, siempre para la CPM, lejos están de resolver la cuestión de fondo en materia de seguridad pública. En este punto hicieron referencia al límite al régimen de excarcelaciones y al aumento irracional de penas, entre otros.

 

En una dura crítica a las políticas de promoción y protección de la infancia y la juventud, hablaron de un “límite estrecho”. “Las existentes son  deficientes y están desfinanciadas. El conflicto docente que postergó el inicio de clases dio cuenta de los serios  problemas que tiene  el  sistema público de enseñanza,  lo que también caracteriza al sistema sanitario provincial”, recordaron.

 

“El panorama actual demuestra una vez más, que las políticas de ‘mano dura’ no sólo son incorrectas porque han demostrado su ineficacia, sino también irresponsables y peligrosas ya que afectan la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Al calor de ellas hemos visto y denunciado el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La tortura sistemática en cárceles y comisarías es un hecho incontrastable. También lo son  las ejecuciones sumarias bajo la modalidad del ‘gatillo fácil’, las prácticas policiales ilegales, como el armado y fraguado de causas, el hostigamiento policial, el reclutamiento para el delito, entre otros”, manifestaron preocupados desde la CPM.

 

Y a modo de conclusión, de esta forma explican los linchamientos, que en las últimas semanas fueron el centro de debate en los grandes medios de comunicación.

 

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