Hace un mes que el fiscal Jorge di Lello y el juez Ariel Lijo no cruzan palabra. Encabezan la causa Ciccone que complica al vicepresidente Amado Boudou pero se envían mensajes por sus secretarios y hablan pésimo el uno del otro. Y lo cierto es que son dos hombres parecidos: descreen de los rituales propios de los jueces federales, prefieren el fútbol antes que el golf o el tenis, no son socios del Jockey Club, comulgan con el peronismo y tienen como ritual los asados dominicales en los cuales abundan los tintos y la música.
Tienen otro parecido: son intensamente políticos. Lijo está muy cerca de Daniel Scioli (el Gobernador estuvo en su casamiento) y Di Lello mantiene línea directa con el Gobierno, ahora más que nunca con la rama juvenil que encabeza el diputado Eduardo “Wado” De Pedro y que sueña con la figura de Jorge Urribarri como presidente. Este grupo le ha encargado a Di Lello una gestión muy sigilosa: dividir a la lista bordó (opositora al Gobierno) en las elecciones parala Asociación de Magistrados que serán en octubre. Hasta ahora la misión va encamina.
Estas relaciones sirven mucho a la hora de entender la distancia entre ellos. Para decirlo sin vueltas: Di Lello cree que Lijo tiene un “entendimiento” con la familia Ciccone que lo lleva a investigar solo a Boudou y a Alejandro Vandenbroelle. Creencia que encontró nuevos sustentos el viernes cuando el juez rechazó pedidos de nulidad contra el testimonio de los empresarios. “Que el negociado haya salido mal no los hace inocentes”, explica Di Lello en la intimidad de su oficina.
Para el fiscal es muy claro, tal como lo ha manifestado en sus escritos, que en todos los cargos que ocupó Boudou (Anses, ministerio de Economía y Vicepresidencia) buscó beneficiar a la sociedad The Old Found que controlaba Ciccone. Di Lello ve a los Ciccone como participes de la trama mientras que Lijo los quiere admitir como querellantes.
La última vez que hablaron no fue en el mejor de los tonos y fue antes de que Di Lello pidiera la indagatoria para todos los imputados incluida la familia Ciccone. “Vos podes hacer lo que quieras con esta causa, sos el juez, solo te pido que antes me pongas al tanto de todo y si eso no te va yo me voy con una licencia y listo”, dijo el fiscal. Rápido, Lijo la cazó al vuelo: “Sería el mundo ideal, ¿Y a cambio de eso que buscas?”. La respuesta fue inmediata: “ser procurador general adjunto para temas de derecho penal”. Es el segundo cargo después de Alejandra Gils Carbó y está vacante desde la salida de Luis González Warcalde, enemigo acérrimo de la jefa de los fiscales.
No han vuelto a conversar pero se siguen enviando mensajes porque hay tres hombres del empresariado local que tienen algún interés en el trámite en el corto plazo aunque todavía no estén comprometidos seriamente: Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Jorge Britto (Banco Macro) y Juan Waehner (Telefónica).
