El presidente del Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, confirmó que 20 de los nombres ofrecidos por “Nabo” Barreiro a la Justicia fueron víctimas de desaparición forzada antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y no descartó que por brindar esa información se pueda “atenuar la pena” al militar.
El represor que se especializó en inteligencia militar, cobró notoriedad en la Semana Santa de 1987 cuando negó presentarse ante la Justicia y se refugió en una unidad en Córdoba, lo que fue el inicio del movimiento carapintada liderado por el teniente coronel Aldo Rico.
“Veinte de las personas (sobre las que informó Barreiro) desaparecieron antes del 24 de marzo de 1976, todavía no estaba el Campo de Detención de La Perla”, señaló Díaz Gavier, quien confirmó que otras cuatro personas son casos posteriores al golpe.
El magistrado señaló además en declaraciones a Radio Continental que “la ley penal prevé la posibilidad de disminuir o de atenuar la pena en la medida en que el imputado por un delito determinado contribuya al esclarecimiento del mismo” por lo que “es una posibilidad” que a Barreiro y otros represores se les brinde ese beneficio.
Además, Díaz Gavier ratificó que al ofrecer esa información a la Justicia, Barreiro “de ninguna manera” admitió “participación en esos hechos”.
“La actitud” de los represores constituye un hecho de “mucha significación, porque efectivamente nunca ha ocurrido que imputados en esta causa expresen su voluntad de colaborar esclareciendo estos hechos, lo cual implicaría toda una posición muy distinta a la que históricamente han venido manteniendo hasta ahora”, destacó.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue convocado para que empiece con las tareas de investigación y se determine si efectivamente en esos lugares se encuentran restos humanos y sobre todo las identidades.
El represor señaló tres lugares y nombres de víctimas de posibles enterramientos clandestinos durante la última dictadura en las zonas de La Perla y Villa Ciudad América, en la provincia de Córdoba, por lo que se dispuso una inspección que en principio no arrojó resultados.
Aunque Barreiro hizo público los lugares y listas de víctimas “sin asumir responsabilidades personales sobre estos hechos”, su confesión constituye la primera que realiza un represor de peso desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El ex militar aseguró a través de un escrito y en la audiencia por el megajuicio que habría unas 20 víctimas en el primer horno descubierto en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército, otras cuatro víctimas en el horno de la estancia La Ochoa del mismo sector; y una víctima más en un tercer horno en Villa Ciudad de América, junto al lago Los Molinos.
Barreiro indicó los lugares de posibles enterramientos clandestinos en nombre de un grupo de represores que también integran Raúl Romero, Luis Alberto Manzanelli y Hugo Herrera, junto a los que formó parte del grupo paraestatal Comando Libertadores de América.