“Estamos defendiendo un derecho natural, que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro”, declaró en Barcelona Mas, líder de la coalición nacionalista conservadora CiU, y aseguró que los catalanes no van “contra nadie”, sino que sólo quieren “tener su propio proyecto”.
El Tribunal Constitucional suspendió, tras aceptar un recurso del gobierno español, esta consulta alternativa al referéndum consultivo sobre la independencia de esta región nororiental española convocado inicialmente y suspendido también por el Alto Tribunal hace un mes, tras aceptar otro recurso de Madrid.
A pesar de esta segunda suspensión, Mas aseguró que siguen adelante con la consulta porque “estamos en el terreno de defender derechos fundamentales amparados en leyes básicas: libertad ideológica, derecho de participación y derecho a la expresión”.
“Con el objetivo de proteger estos derechos y de que la ciudadanía de Cataluña se pueda expresar y dar su opinión el 9 de noviembre. El gobierno ha de mantener este proceso de participación”, insistió el presidente regional catalán.
Bautizada “proceso de participación ciudadana”, esta votación estará organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno catalán, no tendrá censo previo sino que los ciudadanos se inscribirán en el colegio electoral y no será supervisado por ninguna junta electoral.
Si finalmente se desoye al tribunal, 5,4 de los 7,5 millones de catalanes podrán votar en unas 6.695 mesas electorales instaladas en institutos públicos para responder a una doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
“Tiene mucho valor político, pero no es un referéndum”, insistió Mas, asegurando que “es un proceso que intenta conocer la opinión del pueblo de Cataluña sobre el futuro político de este país”.
“Llamo a que todos participen el 9 de noviembre, defendiendo su posición personal, pero sabiendo que está defendiendo a un país entero”, concluyó.