Con quejas de la oposición, el kirchnerismo impuso su mayoría para firmar el dictamen del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La iniciativa, que ya tiene sanción del Senado, será aprobada el jueves 4 de diciembre en el recinto.
El proyecto fue discutido en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde el debate se extendió durante varias jornadas, y contó con la presencia de especialistas en el tema y de varios funcionarios, la reunión duró apenas cuatro horas. Antes de que comenzara el debate, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, expusieron durante 30 minutos. “Es un gran honor exponer sobre los lineamientos principales de una reforma que cambiará la vida de los ciudadanos”, dijo Alak. El ministro agregó que “el objetivo es hacer más eficiente la lucha contra el delito”.
Antes de la exposición de los funcionarios, la diputada del Pro, Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Legislación Penal, reiteró su planteo para que su comisión fuera cabecera del debate, aunque el oficialismo rechazó esa posibilidad y defendió que ese trámite recayera en la de Justicia, encabezada por Graciela Giannettassio, del Frente para la Victoria.
Si bien la necesidad de modificar el actual sistema fue defendido por la mayoría de los bloques aunque manifestaron críticas a los alcances de la iniciativa, a lo largo de sus exposiciones los diputados del macrismo, del radicalismo, del FAP, del massismo, cuestionaron el trámite legislativo y se quejaron que la imposibilidad de introducir modificaciones al texto votado por el Senado.
“Ahora no somos solo la escribanía del Poder Ejecutivo, sino que le protocolizamos al Senado, porque solo se debate allá y acá hay que aprobar a libro cerrado, en trámite express, sabiendo que no aceptarán ninguna modificación”, se quejó Margarita Stolbizer. Si bien la diputada del Gen señaló que “el interbloque está de acuerdo en reemplazar un sistema inquisitivo devenido en mixto, por un modelo acusatorio que desdobla la función de investigar y de juzgar con mayor oralidad, celeridad e informalidad; reconociendo que esto era una deuda pendiente”, sostuvo que “un cambio tan fundamental hubiera merecido un debate más profundo”.
Por su parte, el ex fiscal y diputado Manuel Garrido dijo que este proyecto “es un refrito de otras iniciativas sancionadas en otros países” y se quejó de que “no avance en conjunto con los otros proyectos” para aplicar el nuevo sistema acusatorio y que “no acepten ninguna reforma” al texto votado por el Senado.
En tanto, el massista Oscar “Cachi” Martínez se quejó “de la velocidad en emitir dictamen” y se preguntó si “esta rapidez no es para evitar que se trate el proyecto presentado por el Frente Renovador”, en referencia a la iniciativa que el espacio de Sergio Massa hizo público el martes pasado, en el teatro Astral.
La iniciativa del oficialismo incluye profundas modificaciones respecto del Código que se utiliza actualmente, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
También contempla, tal como lo establece una ley aprobada hace pocos meses por el Senado, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
(Fuente: Telam)