Tras haber acumulado una demora récord de ocho años, las autoridades nacionales decidieron dar por caída la licitación que se había convocado para la contratación de las consultoras técnicas que iban a elaborar el “proyecto ejecutivo” de la obra de infraestructura, clave para poder conectar por la zona de Puerto Madero los accesos a la Capital de las zonas Norte y Sur del Conurbano.
A fines de 2006, Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) –que manejaba Claudio Uberti, el operador político y económico de Néstor Kirchner y encargado de los negocios con Venezuela– lanzó una licitación nacional e internacional para seleccionar a los técnicos y consultores que debían efectuar los estudios y definir el plan de construcción de la “autopista ribereña”.
A ese llamado –al cual se le había asignado un presupuesto oficial de $ 12,7 millones– se presentaron dos grupos: Cadia SA-Geodata SPA y el Consorcio Ribereña-Parsons Brinckerhoff Internacional. Según las bases licitatorias, el ganador de la pulseada iba a tener un plazo de siete meses para delinear el “proyecto de ingeniería y de ejecución de obras” de la ribereña.
Tras el desembarco de Mauricio Macri al frente del Gobierno porteño en 2007, la administración kirchnerista le declaró la guerra a la Ciudad y dejó la obra de la autopista congelada.
Por una mezcla de olvido y negligencia administrativa, el contrato con la consultora quedó sin adjudicar e ingresó en una prolongada nebulosa.
Casi ocho años después de haber efectuado licitación, ahora el director ejecutivo del OCCOVI, Gustavo Gentili, se acordó de darle un cierre al tema.
Por medio de la resolución 264, el ente regulador de las concesiones viales dejó sin efecto la licitación de 2006 con el argumento de que luego del largo tiempo transcurrido “no se verificaron novedades significativas en el procedimiento de selección”.
El Gobierno justificó la medida en el hecho de que los precios de la licitación quedaron desactualizados y en la falta de conocimiento sobre la prórroga de las garantías y la participación de los profesionales que se habían propuesto en las ofertas.
Más allá de este insólito capítulo que se suma a la novela de la ribereña, el proyecto –que ahora está en la órbita de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CAPM) – sigue en veremos.
A mediados de este año, la Nación y la Ciudad recompusieron sus relaciones y acordaron que la CAPM sea la que evalúe las alternativas en juego y proponga la variante más conveniente, teniendo en cuenta los factores económicos, técnicos y ambientales.
Comandada por Alfredo Garay –que representa al Gobierno nacional y es el titular de Planeamiento Urbano en Arquitectura de la UBA–, la CAPM tiene que elaborar una propuesta ejecutiva para completar el enlace vial entre las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata.
Los funcionarios de la Corporación anunciaron que iban a contratar a varios técnicos y profesionales para que revisen los proyectos específicos que se acumularon en las últimas décadas.
Con un costo estimado en torno de los US$ 1.000 millones, la elección de la traza definitiva de la ribereña debería concretarse antes de febrero. Pero, después de tantos contratiempos y demoras, nadie asegura que esta vez se vayan a cumplir los plazos.