El escenario será la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Diana Conti y que integran, entre otros, Landau (vice 2º), los macristas Pablo Tonelli (secretario) y Laura Alonso, Elisa Carrió (CC-ARI-Unen), Raúl Alfonsín (UCR) y Adrián Pérez (FR) entre otros.
Como informara Letra P, Landau impulsó el expediente 8048-D-2014 que plantea la creación de un delegado electoral por partido, se crea un nuevo fuero: el Penal Electoral, regulará de otra manera el régimen de sanciones a los partidos por el manejo de fondos de campaña y se abrirá una Escuela de Capacitación y Educación Electoral. Y rechaza en sus fundamentos el paso del actual sistema al voto de boleta única o electrónico que impulsa la oposición.
Una vez formalizada la presentación, desde la oposición se levantaron voces en contrario, ya que, interpretan “se crea la figura de un comisario electoral y se descartan el voto electrónico y la Boleta Unica como herramientas electorales”.
Landau dijo –ante la consulta de Letra P- que “el proyecto habla por sí solo, por ejemplo, tenemos 60 partidos políticos y 45 ciudadanos para ser elegidos en el caso de la provincia de Buenos Aires. Hay que multiplicar la cantidad de candidatos por fuerza política, si les sumás la foto y el logo, ¿de qué tamaño es la Boleta Unica? Hay que darle todas las opciones al elector, darle todos los elementos para que pueda elegir”.
Desde la oposición, no sintonizan para nada con la visión de Landau: “la reforma electoral del Gobierno es gatopardista: cambia algo para que nada cambie porque tiene miedo de perder”, afirmó el diputado nacional por el Frente Renovador Adrián Pérez, al salir al cruce del proyecto presentado por el diputado del FpV y apoderado del PJ nacional.
Las reformas electorales
El proyecto presentado el 15 de octubre no el primero en materia electoral que propone el oficialismo. En el 2005 impulsó la Unificación de las elecciones legislativas, que fue una de las pocas reformas electorales apoyadas por todo el arco político. La norma sirvió al kirchnerismo para encolumnar a los jefes políticos provinciales del peronismo y sanear el déficit de legitimidad derivado del 22% de votos obtenidos en 2003.
El segundo paquete legislativo fue el debatido y sancionado en el 2009 y que se llamó Reforma política, cuando, poco después de la derrota oficialista en los comicios legislativos, el Frente para la Victoria y fuerzas aliadas lograron la aprobación de una ley destinada a reducir la fragmentación del sistema partidario -elevando los umbrales para constituir partidos-, lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de candidatos -mediante las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)- y una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales –“garantizando a todos los partidos espacios de publicidad en los medios y prohibiendo el financiamiento de empresas-“.
Y, en el 2012, el Gobierno impulsó y obtuvo la sanción del Voto joven. Se introdujo otra reforma electoral que habilitó el voto optativo a los 16.