Ecuador se disculpa por primera vez con indígenas por actividad petrolera

Por primera vez el Estado ecuatoriano, acatando un fallo internacional, se disculpó con una comunidad indígena por violar sus derechos al autorizar sin su consentimiento actividades petroleras en territorios ancestrales de la Amazonia a finales de los años 90.

Una delegación gubernamental encabezada por las ministras de Justicia, Ledy Zúñiga, y de Ambiente, Lorena Tapia, viajó hasta territorio Sarayaku, en la provincia de Pastaza (200 km al sureste de Quito), para cumplir con una sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los indígenas.

 

“Reciban las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo sarayaku; los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores”, dijo Zúñiga ante nativos.

 

Asentada en un territorio de 2.800 km2, la comunidad de unos 2.600 indígenas reclamó por el riesgo al que fue expuesta por los explosivos sembrados durante la fallida actividad petrolera, y por haber sido ignorada por las autoridades durante el proceso de concesión del bloque.

 

“Esperamos que este acto sea de buena fe porque en castellano se dice perdón, y en quichua kispichiway. La Amazonía es el pulmón del mundo y cómo es posible que lo destruyamos. Esperamos que no se vuelva a repetir”, dijo Narcisa Gualinga, dirigente del consejo de sabios de los sarayakus.

 

En 1996, Ecuador autorizó a la Compañía General de Combustibles (CGC), de capital argentino, a explotar petróleo en territorio sarayaku sin consultar previamente a los indígenas.

 

La comunidad se declaró en resistencia y libró una lucha que incluyó la retención de trabajadores petroleros, hasta que forzó a la empresa a abandonar la zona y desistir definitivamente del proyecto en 2009.

 

Un año después, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su fallo el tribunal, con sede en Costa Rica, consideró que el Estado ecuatoriano violó las garantías de los indígenas por negarles el derecho a la consulta y le ordenó ofrecer perdón y retirar los explosivos enterrados en su territorio.

 

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

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