El juez José Castro investiga su participación en una empresa de la que era copropietaria junto a su esposo, Iñaki Undargarin, y a través de la cual se desviaron presuntamente fondos públicos.
La investigación, que el juez lleva a cabo desde 2010, es la primera que apunta directamente a un miembro de la familia real española y ha contribuido a deteriorar su imagen entre la población.
El juez decidió imputar a la infanta, de 48 años, a pesar de la oposición de la fiscalía. A principios de 2012, Castro ya la había imputado una primera vez pero la decisión fue suspendida por la fiscalía anticorrupción.
La investigación está centrada en las actividades del marido de la infanta, de 45 años, sospechoso de haber desviado 6,1 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2006 a través del Instituto Noos, una empresa sin ánimo de lucro que dirigía junto a su ex socio, Diego Torres.