Bonadío dictó el procesamiento contra Moreno, a raíz de una sanción a una consultora que medía una inflación distinta a la que informaba el Indec, por lo que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, consideró autor del delito de abuso de autoridad de funcionario público y dispuso un embargo sobre sus bienes por 50.069,67 pesos.
“Los mismos hechos ya han sido analizados en otros juzgados federales y se ha comprobado la inexistencia de delito, siendo archivadas las actuaciones judiciales, por lo cual resulta incomprensible qué elementos se merituaron en esta oportunidad”, indicó Julio Alak.
El ministro consideró que “es cuanto menos llamativo que se procese a un funcionario por ejercer actos propios de su función, que ya fueron avalados por otros jueces y que en la actualidad se encuentran en análisis en el fuero contencioso administrativo y en la Corte Suprema”. En ese sentido, aseveró que la validez de los actos administrativos dictados por la Secretaría de Comercio “aún se está analizando en otro fuero”.
“Si esos actos resultan válidos, como entendemos desde el Poder Ejecutivo y sustentado en los análisis técnicos y jurídicos que se realizaron antes de su dictado, es imposible que el funcionario responsable de esa Secretaría esté cometiendo delitos en su accionar”, señaló en un comunicado el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
“Es curioso que esta resolución judicial haya sido dictada 30 días antes de la elección general, ya que la oposición política va a intentar usarla maliciosamente en el marco de la competencia electoral”, sostuvo Alak, quien relacionó la medida con una jugada electoral.