Desde la cartera de Transporte indicaron que la compañía adeuda 270 millones de pesos al Estado por el canon no pagado. De esa cifra, 81 millones le corresponden a los jubilados argentinos, porque el contrato de concesión indicaba que el 30% se destinaba a la Anses.
Según consultó Letra P, el objetivo del funcionario es recuperar rápidamente ese dinero para el Estado, así como se hizo con la empresa Siemens cuando incumplió con la obra de señalamiento del Sarmiento (en esa oportunidad tuvo que depositar 52 millones de pesos más otros 12 millones por intereses tras el reclamo del Ministerio).
ALL también dará pelea legal
Por su parte, ALL confirmó ayer que adoptará “todas las medidas legales admisibles” luego de que se le rescindiera la concesión. Desde la empresa, en tanto, aseguraron que no se trató de un incumplimiento, sino que la compañía resolvió devolver el dinero y no realizar las obras porque el Gobierno se negó a actualizar por la inflación los fondos dedicados al proyecto.
“La Compañía refuerza que adoptará todas las medidas legales admisibles”, anunció en una nota al mercado publicada en su página web, en la que añade que “mantendrá a sus accionistas y al mercado en general informados acerca de la eventual evolución del asunto”.
La firma brasileña había anticipado el martes que podría recurrir a la Justicia una vez que esté en conocimiento de los fundamentos del Gobierno para quitarle el control del servicio.
El miércoles a la tarde, la Sociedad Comercial del Plata –que operaba el Tren de la Costa, también reestatizado el martes- también afirmó que evalúa iniciar medidas legales por la decisión.