El presidente del IPS, Mariano Cascallares, precisó que tras poner en marcha planes de pagos, luego los intimaron y convocaron a las federaciones que los representan y al gremio Sadop, e iniciaron ya 203 juicios de apremio. “Ahora llegó el momento de las denuncias penales en el marco de la Ley Penal Tributaria”, señaló.
En ese contexto, el IPS evalúa la situación de cada establecimiento educativo con deuda previsional y ya hay varios que encuadran para ser pasibles de una denuncia penal. Según advirtieron desde la Provincia, sus propietarios podrían ser condenados por la Justicia a una pena de entre dos y seis años de prisión.
El Artículo 9° de la Ley Penal Tributaria dispone: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los $20 mil por cada mes”. El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales se denomina “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.
Mientras tanto, se informó que unos 27 niveles educativos privados de los 203 que fueron enviados a la Justicia por negarse a efectivizar los aportes de sus trabajadores, se acercaron comprometiéndose a regularizar su situación. Los 176 expedientes restantes se enviaron a Tribunales.
En la provincia de Buenos Aires funcionan actualmente 6.719 niveles educativos privados abiertos, de los cuales el 23% mantiene deuda no regularizada. En los últimos meses se regularizaron mediante diferentes vías (planes de pago o cancelación al contado) $330.243.854. La morosidad previsional del sector trepaba al 52 por ciento a mediados del año 2011 y merced a los planes especiales de pago, las inspecciones, intimaciones y demás acciones desplegadas por el IPS se logró reducirla al 23,3 por ciento actual.