El Comité Contra la Tortura desde hace años describe, en cada uno de sus informes, las condiciones de vida dentro de las cárceles bonaerenses. Desde adultos a niños, las condiciones denunciadas por el área que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dejan una pésima imagen del Estado provincial.
Pero el debate, luego de la suspensión de la Ley de Excarcelaciones, se fue más allá de la tarea diaria del equipo que Roberto Cipriano García maneja.
-¿Cómo tomaron la suspensión de la Ley de Excarcelaciones?
-La verdad es que estamos muy conformes con la resolución de la Suprema Corte provincial. Es un pedido de varias organizaciones de Derechos Humanos que planteamos la inconstitucionalidad porque realmente transgrede la constitución nacional y provincial, sino también pactos internacionales porque es una aberración jurídica. Lo que se propone es una herramienta formidable para la Policía bonaerense, que controla y persigue decidiendo sobre el futuro de las personas.
Ésta legislación suspendida le quita al juez la potestad de decidir si la persona queda detenida o no. En nuestro sistema legal, el principio es la libertad de la persona en el proceso hasta que el juez lo condene y ordene su detención, la excepción se da cuando la persona puede llegar a entorpecer la investigación o fugarse: en esos casos el magistrado puede determinar su detención.
-¿Es muy grande el nivel de prisión preventiva en la Provincia?
-Yo diría que se convirtió en una regla. Hoy, de 30 mil personas detenidas en el territorio bonaerense, el 65 por ciento está en prisión preventiva. Los que cometan ciertos delitos, la portación de armas sin autorización, los que eviten el control policial o se resistan al mismo, en esos casos tampoco se van a poder excarcelar. Lo que hace esto es tipificar el delito como más grave, incluso, como otros de mayor calibre.
-¿La quema de armas de Scioli ésta semana puede ser un mensaje de presión?
-Scioli se queja porque sustenta sus políticas con la mano dura, en la mayor represión y control de los sectores vulnerables, con un sistema penal selectivo alimentado por estas leyes que el gobierno provincial apuesta a comunicar a partir de darle herramientas a la policía para que controle a los pibes chorros.
Esto es parte de la política del Gobernador, que en un principio tuvo como asesor en el área de Seguridad a (Carlos) Ruckauf, planteando que está dispuesto a todo. Hay una convicción de resolver así los problemas, pero la cuestión es que no existe sustento real ni empírico. La solución no se consigue incrementando el poder policial o generando la represión de los sectores sociales más bajos, pero se busca hacer creer que de esa manera se puede.
-¿Entonces por qué cree que Ricardo Casal sigue en el cargo?
-Porque es la garantía del pacto entre el poder político y las fuerzas. Hay que recordar el origen de Casal hizo su carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense, incluso fue oficial varios años. Hay que recordar que trabajó en la Unidad 9 en tiempos de la Dictadura. Eso demuestra que es alguien que pacta con las fuerzas para que mantengan tranquilas.
-¿Qué es lo peor que hizo en su gestión el Ministro?
-Ha profundizado la autonomía de las fuerzas, les dio mayor poder para dirigir sus propias acciones, encubrió y fue cómplice de la violencia institucional porque no generó políticas de prevención, resistencia y represión de la tortura: algo grave que fue advertido por organismos de Derechos Humanos internacionales.
-¿Se puede terminar con el autogobierno en las fuerzas?
-Tiene que haber una decisión política, se debe iniciar un proceso de reforma concreto. A 30 años de la vuelta de la Democracia una de las deudas pendientes es la democratización de las fuerzas y en eso está la CPM embarcada este año. Un cambio central en la Policía bonaerense y en el Servicio Penitenciario, dos fuerzas con continuidades muy claras de la dictadura con la represión y la tortura, son necesarios.
Con el autogobierno que usted describe, ¿cuánto pierde el Estado provincial?
-El año pasado la provincia de Buenos Aires invertía 6.200 pesos por mes por cada detenido, donde supuestamente se le daba seguridad, vestimenta y medicación, pero las personas sobreviven con lo que le llevan sus familias. Realmente es un sistema que necesita una gran inversión: si ese dinero se destinara en políticas de inclusión y contención o reinserción, el resultado es otro.
-¿No le hizo un poco de ruido que sciolistas y kirchneristas hayan votado juntos la Ley de Excarcelaciones?
-La CPM cuestionó fuertemente que, prácticamente, todos los legisladores aprueben esta medida. Creo que es grave, debe tenerse cuenta, aunque hay que reconocer que desde hace dos años a la fecha se abrió la posibilidad de discusión en la Legislatura, de proponer avances en el ámbito judicial pero la sanción es un retroceso importante.
Los legisladores tienen que ser más serios y responsables a la hora de debatir y aprobar los proyectos como éste.
-¿Qué busca el proyecto de reformar la Policía bonaerense?
-La idea es la reforma, la profesionalización y que realmente el gobierno sea político sobre la propia fuerza. Un sistema de asuntos internos mucho más firme, realmente independiente.
Ariel Boffelli