Una importante medida opuesta, a una polémica ley, llevó adelante la Suprema Corte de Justicia bonaerense a las condiciones de excarcelaciones, legislación que apunta a limitar las excarcelaciones de aquellos detenidos con armas de fuego no declaradas, ilegales o de guerra, que en caso de pena pueden ser saldadas (los delitos) con penas en suspenso o en probation (suspensiones de juicio a prueba.
Según explica Diagonales.com, el contenido de la demanda entablada se basa en la preocupación que en ellas genera el impacto que esa reforma procesal “tendría en el nivel de población carcelaria” y “sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados”.
Las organizaciones que presentaron la demanda contra la norma sancionada por la Legislatura en diciembre pasado, aparece el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el Colectivo de Acción (CIAJ). Y junto a ellas firman los defensores públicos Julián Axat y María Fernanda Mestrin.