Santa Fe: “Tendremos una herramienta más eficaz para enfrentar al crimen organizado”

El 10 de febrero de 2014 comenzará a regir un nuevo Código Procesal Penal en Santa Fe. El ministro de Justicia, Juan Lewis, dialogó con Letra P sobre la reforma judicial, las resistencias de la corporación de jueces, y dijo que los medios nacionales tienen “una mirada amarillista” sobre el problema del narcotráfico en su provincia.

Por Gabriela Pepe / @gabyspepe

 

Un caso tristemente célebre ofició como disparador. A mediados del año 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés”, acusados de haber cometido el homicidio de su hija, Natalia, en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe. En la sentencia, que tuvo resonancia nacional, el máximo tribunal alertó sobre la “deficiente” organización procesal santafesina. La reforma del código de procedimientos, que había quedado olvidada en un cajón a principios de la década del ´90, tuvo que ser desempolvada y aggiornada para los tiempos que corren.

 

A mediados de 2006, una comisión elaboró un nuevo proyecto de reforma, que fue aprobado por la Legislatura en agosto de 2007, apenas cuatro meses antes de la llegada de Hermes Binner a la gobernación. Una vez que desembarcó en la Casa Gris, el socialismo puso en marcha el proceso de implementación de la nueva ley. Para eso se crearon el Ministerio de Justicia, antes limitado a rango de Secretaría, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la oficina de Gestión Judicial, y una dirección de Acceso a la Justicia, entre otras nuevas instituciones. El próximo 10 de febrero, por decisión del actual gobernador, Antonio Bonfatti, el nuevo Código Procesal Penal comenzará a regir plenamente en la provincia, algo que, según las autoridades, implicar un cambio de paradigma en la materia.

 

“Desde un punto de vista procesal penal, Santa Fe era una de las provincias más atrasadas de toda Sudamérica, con sistema totalmente escrito, que además tenía rasgos de carácter inquisitivo como, por ejemplo, que toda la investigación la llevaba adelante el juez, teníamos un fiscal de adorno en la etapa de preparación del juicio y, en algunos casos, el mismo juez que investigaba era el que juzgaba, o el tribunal oral funcionaba como única instancia, algo que contradice el principio del doble conforme. Todo eso va a cambiar a partir de ahora”, explica en diálogo con Letra P Juan Lewis, ministro de Justicia de la provincia.

 

-¿Qué novedades introduce el nuevo Código?

 

-Este es un sistema en el cual todas las novedades importantes del proceso se toman en audiencias orales y públicas. No solamente el juicio propiamente dicho, sino cualquier decisión: la constitución de parte querellante y lo relativo a medidas cautelares, entre otras cosas. Eso implica la virtual desaparición del expediente. Otra novedad es que no hay límite para las medidas cautelares y se genera la posibilidad de que la víctima participe del proceso, a partir de la figura del querellante autónomo, que efectúa sus peticiones con total libertad. Además, los jueces solamente van a tener tareas de índole jurisdiccional, ya que se les quitan todas aquellas de índole administrativo. De ahora en más, esas tareas las va a desempeñar una oficina de gestión judicial, a cargo de un empleado administrativo, quien se encargará, por ejemplo, de determinar la licencia de los empleados, pedir resmas de hojas, hacer las citaciones, llevar la agenda, todas cosas que insumen gran parte de la carga diaria del trabajo de un juez.

 

-Para los jueces es un alivio de trabajo, entonces.

 

-En alguna medida es una pérdida de poder. Porque no van a poder llevar su agenda, se van a tener que acomodar a lo que le indique la oficina.

 

-¿Cuáles son los resultados que el gobierno pretendería obtener a mediano o largo plazo?

 

-En primer lugar tiene que ver con la adecuación de nuestro sistema los estándares que exige el sistema internacional de los derechos humanos. Pero además, ésta es una herramienta eficaz para tramitar los procesos, porque permite la participación de la víctima y concentra la acusación en un fiscal, que depende del Ministerio Público de la Acusación, y no en diferentes jueces de instrucción que actúan de manera independiente unos de otros. Ahora el  Ministerio Público es el responsable político del ejercicio de la acusación penal.

 

-Es decir, que debe decidir qué delitos va a perseguir el Estado.

 

-Sí, de hecho en los concursos para fiscales, los funcionarios tienen que presentar un plan de trabajo. Entonces, en una audiencia pública, la gente puede ir y ver qué piensa hacer cada postulante en relación al delito. Nosotros entendemos que están dadas las herramientas para tener una investigación más eficaz, porque hasta ahora eso está balcanizado en muchos jueces, algo que para enfrentar a la criminalidad organizada es muy complejo,  porque a veces hay una persona imputada en una causa en un juzgado, y en el de al lado está imputada en otra, y no toman contacto entre sí, no saben qué ramificaciones pueden tener una y otra causa. Tener todo centralizado en un órgano, que además es el responsable político de la persecución penal, va a indicar cuáles son las prioridades, los criterios y las salidas alternativas al juicio. Esperamos que tenga  buenos resultados en cuanto a la gestión de seguridad en la provincia.

 

-¿El tema que más preocupa en Santa Fe es el narcotráfico o eso es lo que se ve desde Buenos Aires y en la provincia hay otra mirada?

 

-A nosotros obviamente la situación que hay planteado el narcotráfico en Rosario nos preocupa como gobierno, y se están haciendo acciones desde todos los ministerios para enfrentar ese fenómeno. Pero también debo decir que el tema ha merecido desde medios nacionales una mirada un tanto amarillista puesto que, en primer lugar, hay redes de criminalidad organizada que, si bien se dedican al narcotráfico, también tienen otros negocios. El narcotráfico es un fenómeno que nos preocupa también por los vínculos que genera, no sólo con la policía sino con importantes sectores de la economía.

 

-¿Y de la Justicia también?

 

-No tengo elementos para decir eso.  De todos modos, estas redes de criminalidad organizada no son ningún cartel que haya venido desde otro país ni nada por el estilo, sino que son bandas que existían en Rosario, se dedicaban a delitos de poca monta pero que progresivamente fueron adquiriendo poder, un poco al calor de la indiferencia, cuanto menos, del sector público. Y ahí sí me refiero al Poder Judicial, la policía y la política, en general.

 

-¿Cree que la reforma judicial va a ayudar a combatir ese delito?

 

-Indudablemente. La persecución  va a ser más eficaz, pero todo tiene que ver con el compromiso de los funcionarios. Los grandes golpes que se han dado este año a esas bandas delictivas (se descabezó a las más importantes) se hicieron con la legislación todavía vigente.

 

-Algunos de los postulados de la reforma, en términos de acceso a la justicia y selección de funcionarios, por ejemplo, tienen mucho que ver con los que plantea la agrupación Justicia Legítima.

 

-Sí, es cierto. En Santa Fe la corporación judicial en algún momento ha tenido mucho poder, sobre todo en lo que es la manera de elegir jueces y la manera en la que se gestiona hacia afuera el Poder Judicial, esto de que trabajan hasta el mediodía nada más, por ejemplo.

 

-Y en los nombramientos

 

-Exactamente, todo ese tipo de cuestiones. Pero hay que reconocer que están empezando a ser revisadas. En Santa Fe los jueces han tenido mucho poder y, de hecho, la transformación del sistema  judicial y todo el proceso de implementación tuvieron muchas resistencias. Ahora eso está prácticamente superado. Las objeciones que aparecen son puntuales, hay miedo a lo nuevo, que es más entendible. Mucha gente en general prefiere hacer lo que ya conoce y no tener que andar ensayando cosas nuevas o pensando rutinas de trabajo que nunca imaginó. Además se trata de un sistema en el que hay mucha exposición por parte de los protagonistas.

 

-¿En qué aspecto?

 

-A diferencia de lo que sucedía con el sistema escrito, en que el juez tomaba las decisiones en la soledad de su despacho, y la transmitía en sentencias escritas en un idioma incomprensible para el común de los mortales, ahora los ciudadanos van a ver cómo trabaja uno de los poderes esenciales del Estado. Cualquier ciudadano puede ir a una audiencia y ver si el juez es inteligente, conocedor de las leyes, rápido, si el fiscal es astuto, o si el defensor está comprometido con los intereses de su defendido. Esto va a significar un contralor informal al funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Eso es muy bueno.

 

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