En el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, la jueza Elena Liberatori emitió una medida que prohíbe la utilización de la línea telefónica como persecución política a los jóvenes y niños, atento a las normas constitucionales que los protegen, y redirigió su implementación sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal.
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