El expediente judicial, al que tuvo acceso exclusivo el diario La Capital de Rosario, involucra por primera vez en la maniobra a la mayor accionista del grupo, Ernestina Herrera de Noble, quien habría participado en el acuerdo con los gerentes de las administradoras para que convalidaran un valor “inflado” de los títulos.
Publicó La Capital: Según los datos que constan en la causa, la empresaria vendió a las AFJP poco después de aquella salida al mercado un paquete de acciones clase “B” por 48,7 millones de dólares, que un año después valía sólo 13,3 millones de dólares y que recompraron fondos de inversión vinculados a los mismos accionistas.
Los denunciantes también acusan al Grupo de haber ocultado a los potenciales compradores minoritarios los riesgos que afrontaban al comprar la acción, como los juicios de competidores contra la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Las nuevas denuncias son motorizadas por una ONG que se encarga de defender a daminificados en la compra de acciones o títulos con oferta pública, cuyo titular es el sociólogo Juan Puigbó. Las tramita el juzgado en lo Penal Económico Nº 3, a cargo de Rafael Caputo, y complementa lo ventilado en la causa que sigue el juez Daniel Rafecas a raíz de las denuncias del ex banquero “arrepentido” JP Morgan, Hernán Arbizu.
Según los cálculos de los denunciantes, realizados sobre datos surgidos de las propias planillas de inversión de las administradoras, el quebranto para los futuros jubilados por las operaciones con la acción de Clarín fue de 127 millones de dólares.
¿Cómo se gestaron esas pérdidas? Por el desplome de las acciones durante el año posterior a su emisión. Por las acciones que compraron durante ese lapso, las AFJP pagaron 196,5 millones de dólares. Pero en octubre de 2008, las mismas acciones valían 69,5 millones de dólares. A ese quebranto habría que agregar el acumulado por las compras y ventas de los controlantes del mayor conglomerado de medios del país.
La denuncia apunta a que el valor de la acción estuvo inicialmente “inflado” por haberse ocultado información esencial a los potenciales compradores, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) exige a cualquier compañía que sale a la Bolsa. En el prospecto que ofrecía esas acciones en 2007, según Puigbó, “nada se dijo de la existencia de los serios litigios judiciales que afrontaba el grupo Clarín, debido al cuestionado intento de adquisición y posterior fusión entre Cablevisión y Multicanal”. El litigio en cuestión, una acción de amparo contra la fusión por considerarla monopólica, había sido interpuesto en Mendoza por su competidora Supercanal.
Fuente: Por Alejandro Bercovich / Especial para La Capital