Judiciales

Denuncian a Scioli y Ferré por “asociación ilícita y violación de los deberes públicos”

Se debe por el pago del estado provincial a la suma de 101 millones de pesos para la expropiación de una empresa recuperada por sus trabajadores según la denuncia a la que accedió Letra P. Los trabajadores todavía no tienen real posesión de la empresa y con lo que se gastó se podrían haber expropiado todas fábricas recuperadas de la provincia. Uno de los abogados imputados además de Scioli es el constitucionalista Daniel Sabsay.

El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas presentó este lunes, en horas de la mañana, una denuncia penal contra el Gobernador Daniel Scioli por “fraude por violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia de Buenos Aires”.

 

La presentación, además, involucra al ex Ministro de Producción de la Provincia y actual Ministro de Desarrollo Social Martín Ferré, al ex Fiscal de Estado Ricardo Szelagowski; al subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Nicolás Della Croce; al presidente de Ignacio F. Wasserman S.A, Ignacio Wasserman; al apoderado de la empresa, su hijo Alan Wasserman; los abogados Daniel SabsayBeatriz RivasRubén Citara y responsables del Estudio de abogados (Caporal, Citara y Casal).Si bien algunas informaciones vinculaban el apellido de los abogados Verónica y Raúl Casal con el Ministro de Seguridad Bonaerense, fuentes mismas del ministerio desmintieron cualquier tipo de vinculación entre Ricardo Casal con los abogados mencionados.

 

La empresa en cuestión (Ignacio F Wasserman)  es una planta metalúrgica que en 2001 entró en crisis financiera y fue recuperada por sus trabajadores quienes conformaron la Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes que está ubicada en la calle Constituyentes 551 de la localidad Villa Martelli.

 

“La tasación fue de 26 millones de pesos hechos por los peritos de la fiscalía, la empresa pedía 102 millones de pesos y se pagó un 387 por ciento más; un total de 101 millones de pesos” indicó el Abogado Luis Caro

 

La denuncia contra el Gobernador, el actual Ministro de Desarrollo Martín Ferré y las demás personas se llevó a cabo , ante el juez de Garantías de La Plata César Melazo y ante la UFI 8 de Investigaciones Complejas a cargo del fiscal Jorge Paoloni.

 

“Estamos seguros que hubo un fraude realizado en contra del erario público de la provincia de Buenos Aires” confió a este medio el doctor Caro. También afirmaron desde la organización de Fábricas Recuperadas que el pago se realizó en 6 cuotas. El primero efectuándose en septiembre y el último pago en el mes de marzo.

 

“Fue en contado, porque como decía el Ministerio de Economía (en esa época comandado por Alejandro Arlía) tenían disponibilidad en el tesoro. En principio se iba a hacer en bonos de cancelación de deuda, pero se pagó en efectivo”.La suma fue depositada al Banco Provincia, sucursal San Isidro.

 

“Nuestro pedido ha llegado a las manos de Néstor Kirchner en el 2010 y vamos a llegar hasta la Presidenta” destacó una integrante del  Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. También se radicó una nota que actualmente se encuentra alojada en Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores pidiendo que sea investigado este caso en la Legislatura Bonaerense.

 

“Lo que se pagó equivale al 20 por ciento de los aguinaldos de la provincia” remarcó el abogado querellante quien además destacó que “la participación del gobernador Daniel Scioli es principal; él firmó 3 decretos para que esta situación ocurriese”.

 

Los 3 decretos en cuestión firmados por el Gobernador son “los decretos provinciales n°717 del 31 de mayo de 2010; que autoriza firmar el “CONVENIO” por 101.ooo.ooo. El Decreto Provincial N°981 del 30 de junio del 2010 que autoriza la ampliación presupuestaria de 101.000.000 y el Decreto Provincial N 1234 del 26 de julio de 2010 que autoriza a librar la ORDEN DE PAGO”.

 

Estos decretos, según el cuerpo de la denuncia “son prueba del delito cometido al disponer de los recursos del estado provincial en contra con su deber de cuidarlos”.

 

A su vez Alfredo Sabino, otro integrante del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas recordó a este medio que “Intentamos hablar con el gobernador. Se comprometió 2 años atrás y no sólo que no hizo nada sino que pagó. Esto es una estafa”.

 

Cifras y diferencia en las tasaciones.

 

La denuncia elevada hoy, a la cual accedió Letra P, tiene en sus fundamentos 3 diferentes tasaciones: una del perito de fiscalía de estado, otra del perito Ignacio Wasserman y una final propuesta por la cooperativa.

 

Por un lado la tasación final del la fiscalía de estado es de $26.427.540; la del perito Ignacio Wasserman de $102.427.032 y la propuesta de la cooperativa es de $14.270.872.

 

De los 101 millones de pesos, según consta la denuncia, ya fueron transferidos al reconocido Abogado Constitucionalista Daniel Sabsay 22.422.00 y un total de 55.890.300 pesos en honorarios al total de los abogados

 

También explicó el abogado querellante que el gasto realizado se estipula en el doble de lo que se necesita para expropiar definitivamente todas las fábricas recuperadas por sus trabajadores en la provincia de Buenos Aires para que sus empleados tomen posesión de las empresas.

 

Denuncia Penal por fraude 101.000.00

 

Cristina Fernández de Kirchner.
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