Luego de que la ley fuera publicada en el Boletín Oficial el 24 de mayo, los padres de Camila solicitaron la aplicación del derecho a una muerte digna. El lunes pasado, firmaron un documento que ratificaba su voluntad de que se le retirara el soporte vital a su hija. También de que no se le practicaran más terapias invasivas ni maniobras de resucitación.
Los médicos se tomaron unos días para analizar si el caso se encuadraba dentro de la ley y finalmente se accedió al procedimiento médico.
Los padres de la nena, Selva y Carlos, decidieron no estar presentes y le pidieron a un amigo que los representara en la habitación del tercer piso del sanatorio. También estuvo el médico Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas y asesor de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos.
Camila sufrió severas secuelas después de nacer, a causa de una mala praxis. La falta de oxígeno derivó en un paro cardiorrespiratorio y después de 20 minutos de reanimación logró sobrevivir, pero el daño fue tan grande que entró en un estado vegetativo permanente.
Tres comités de bioética se pronunciaron sobre el caso y afirmaron que su estado era irreversible, pero los médicos no podían desconectarla porque, ante la ausencia de una ley, era un homicidio.
Selva y Carlos iniciaron una cruzada en el Congreso para que se sancione una ley que garantizara a los enfermos terminales el derecho a rechazar terapias que prolonguen su agonía. Enviaron cartas y recorrieron los pasillos del Congreso.
