El futuro del intendente municipal, Blas Altieri, está en manos del Concejo Deliberante después del análisis del descargo hecho por el jefe comunal en base a las imputaciones realizadas por la comisión investigadora. En total, sumaron 33 los cargos administrativos asignados al titular del Departamento Ejecutivo con el eje puesto en la adjudicación de viviendas sociales en dicha ciudad.
Se juzgarán las acciones de Altieri y calificará la gravedad de los hechos. Para la suspensión preventiva, deberá calificarse por decisión fundada la conducta del intendente, con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo, como indica la legislación en referencia a transgresiones del tipo administrativo y a negligencias reiteradas que califiquen de grave el ejercicio de sus funciones, lesivas al interés patrimonial del municipio.
El pasado 9 de abril, se una comisión investigadora integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, constituida por todos los ediles de Pinamar y con representación de todos los bloques.
La comisión, reunió antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos y elaboró un informe con la imputación de los 33 cargos. El intendente, en uso de su defensa, emitió un descargo que el pasado lunes 28 de mayo girado al Concejo con el aporte de documentación y expedientes para cada una de las acusaciones. A partir de allí, comenzó a regir el plazo de 15 días en que el HCD deberá definir la continuidad de Altieri en sus funciones.
La suspensión preventiva que el Concejo imponga al intendente, no podrá mantenerse más allá de los 90 días posteriores a la fecha de notificación de la misma al acusado. Dentro de ese plazo, el HCD deberá dictar resolución definitiva. Si no lo hiciera, el intendente recuperará de hecho el pleno ejercicio de sus facultades.
El 14 de mayo, la comisión investigadora difundió las acusaciones contra Altieri y fijaron como principal cargo la construcción y adjudicación de viviendas en el cruce de las calles Palometa y Valle Fértil, aunque también cuestionaron la compra de un auto de alta gama.
Además, dieron a conocer una irregularidad en el procedimiento seguido por el Departamento Ejecutivo frente a acciones publicitarias de las empresas automotrices en los espacios públicos y privados; la remodelación del Hospital Comunitario; la cobertura de servicios de guardavidas y la denuncia del Sindicato Asociación de Guardavidas de Pinamar; una causa judicial de la Fundación Amigo contra la Municipalidad en relación a los balnearios; la habilitación de confitería de Valle Fértil y Constitución; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia (recolección de residuos); el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la firma de convenios 81/2011 y 79/2011; el incumplimiento de medida cautelar en causa Unidad y Participación Ciudadana; la contratación directa empresa Compubeccar; la contratación directa de seguros; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante; el incumplimiento de ordenanza sobre el bingo; la situación con la empresa Hidraco; los pedidos de informes del HCD no contestados; la posible irregularidad en pagos efectuados a Covelia; la adjudicación de licitación privada con oferta única sin intervención del HCD; la ordenanza de transparencia; el mandatario judicial; las unidades turísticas correspondientes a cánones de playa; la empresa Dinero Express; la denuncia de la ex concejal Marcela Ducasse; la Ley de ética pública; los hechos de violencia; la venta de choclos en la playa; y la situación del café El refugio del Rock.