En un contexto de constante tensión con la Casa Rosada, el gobierno bonaerense confirmó que rechaza por “inconstitucional” el “pedido” de aplicar el revalúo de propiedades rurales contenido en el paquete de reforma fiscal por lo que buscará, la semana próxima, avanzar en un acuerdo político con un sector de la oposición para introducir modificaciones al proyecto que permitan que, finalmente, sea tratado.
Después de la “sugerencia” que el jueves hizo el Ministro de Economía Nacional, Hernán Lorenzino, para que el gobernador Daniel Scioli aplique por resolución el revalúo, una posibilidad que incluso llegó a plantearle a la ministra de Economía, Silvina Batakis, en una reunión de la que también participó el vicegobernador Gabriel Mariotto, la propia funcionaria, entre otros miembros del Ejecutivo bonaerense- rechazaron de plano la posibilidad, bajo el argumento de que la medida no puede aplicarse sin el OK legislativo.
La idea del decreto fue rechazada inmediatamente después de ser planteada, en un marco de tensión entre el kirchnerismo y el sciolismo, que vio en esa movida de Lorenzino una presión de tipo político, dirigida a que el gobernador “pague el costo político” de la medida, que despierta una fuerte resistencia del campo. Ayer, Batakis, el titular de Arba, Martín Di Bella y el Ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, además de legisladores alineados con Scioli, confirmaron que consideran imprescindible que el revalúo salga a través de una ley.
Así las cosas fuentes del Ejecutivo informaron que el presupuesto vigente sólo permite al Gobierno definir el revalúo, pero para aplicarlo en concreto, hace falta una ley que modifique la base imponible y las alícuotas correspondientes. “Sin eso, un decreto es una suerte de cuestión testimonial y nosotros no queremos ser testimoniales en esto, sino modificar la realidad”, dijo a DIB el diputado sciolista Guido Lorenzino.
Por estas horas la oportunidad de lograr el tratamiento pasa por intentar un acuerdo con el Frente Amplio Progresista (FAP), una posibilidad en la que el jueves se había avanzado hasta que, por influencia nacional para algunos, o por no haber logrado modificaciones que satisfagan las necesidades del Ejecutivo para otros, la sesión volvió a suspenderse luego de un largo día de idas y vueltas.
“El modelo es la aplicación segmentada del revalúo, similar al modo en que se está haciendo en Santa Fe, además de introducir otras modificaciones”, dijo un legislador del FAP que conversa con el Ejecutivo. Desde el oficialismo bonaerense precisaron que la idea es segmentar y también cobrar este año una cuota extra del Inmobiliario Rural, para compensar la merma de ingresos que significaría para el Gobierno no aplicar el revalúo de una sola vez.
La gestión que encabeza Scioli propone aplicar para 2012 (a nivel impuestos nacionales impacta en 2013) el 50% del revalúo y dividir el resto en tres años. El FAP contraoferta aplicar ahora el 30% y prorratear en 5 años. Además, esa fuerza pide eliminar la inclusión de las cooperativas de consumo del impuesto a los Ingresos Brutos -una medida que reportaría unos 70 millones de pesos-, a lo que el Gobierno accedería y elevar el piso de facturación para ese impuesto: de 1 millón a 2 millones de pesos, algo que el Ejecutivo por ahora no acepta.
La intensión es que si se logra avanzar con este esquema, pueda tratarse en la cámara baja la semana próxima, pero el FAP –que se niega a discutir esto con los representantes del sector rural), pida que se convoque al vicegobernador Gabriel Mariotto y a la titular del bloque de Senadores, Cristina Fioramonti, para sumarlos a la mesa de diálogo. Es que si en Diputados se logra el OK para aprobar las modificaciones, el proyecto debería volver a la Cámara Alta para su sanción definitiva, que en estas condiciones implicará menos recaudación que la originalmente prevista. En los objetivos del sciolismo, la idea es que si se logra un acuerdo que incluya también a las autoridades del Senado, se vote en paralelo en ambas Cámaras, aunque para eso Mariotto debería acelerar la convocatoria, ya que Senadores tiene llamado a sesión recién para la semana posterior a la entrante.
La intervención de Lorenzino en las negociaciones agrega ruido político, ya que en el esquema que se está negociando va implícito que la intención de Nación de forzar un decreto por parte del Gobernador queda descartada. En este sentido, en el sciolismo confían en que la imposibilidad legal de avanzar por una vía que suponga evadir a la Legislatura termine por convencer a la Casa Rosada. Los productores de Carbap, por su parte, rechazarán ambas posibilidades.
Fuente: Diarioextra