La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dio a conocer que se anuló la resolución que aceptaba como querellante al Estado Nacional en la causa, debido a que aún resta considerar si fue responsable por lo ocurrido.
De este modo, se rechazó el dictamen que permitía al subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, como representante del Estado demandar ante la Justicia a los responsables de la tragedia del 22 de febrero último.
Tal como anunció el diario El Día, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ahora ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi habían anunciado que la presentación del Gobierno como querellante al día siguiente de la tragedia y a principios de marzo, el juez Claudio Bonadío había aceptado la presentación.
La Cámara subrayó que por su “condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión” y “su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”, no podía legitimar al Estado como querellante.
Y en consecuencia, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah firmaron un fallo que contempla que “esas mismas cualidades son las que se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso”.
La decisión fue tomada porque el tribunal considera que la investigación se encuentra en estado “incipiente” y se debe priorizar “la preservación de la correcta investigación de las hipótesis delictivas denunciadas”.
Además el fallo admite que “dicha tarea resultaría cuanto menos dificultosa si se admite como acusador particular a quien puede ser, por acción u omisión e independientemente de la condición física o jurídica de su personalidad, eventualmente querellado por esos mismos sucesos”.
Por último, el abogado Gregorio Dalbón presento un pedido de recusación que fue rechazado por el juez que investiga la tragedia, Claudio Bonadío.